En la presentación de esta Proposición de Ley también participó la diputada por Asturias y portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Susana López, que avanzó que el PP seguirá defendiendo el papel que debe tener el Gobierno sobre la política energética. «Tiene una responsabilidad y tiene que tener la capacidad para poder ejercer esa responsabilidad», dijo. Así, en el caso de las centrales térmicas señaló que el partido apuesta por establecer un nuevo mecanismo que controle los procesos de cierre. La legislación actual sólo permite al Ejecutivo actuar cuando la decisión de la eléctrica ponga en peligro la garantía de suministro, y lo que se pretende con esta nueva Proposición de Ley es ampliar los supuestos que pueden motivar su intervención. Se incorporan otras variables como defender la competencia en el mercado o la estabilización de los precios. Según dijo, «si cerrasen las térmicas el precio de la electricidad subiría un 25%».
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, avanzó que con esta Proposición de Ley «llega el momento de demostrar si de verdad los partidos políticos estamos todos en la defensa del mantenimiento de la actividad de las térmicas o algunos quieren seguir moviéndose en la ambigüedad, el engaño y la falsedad». Apostar por las térmicas es, dijo, apostar por la minería y también por el mundo rural, trabajar por frenar la despoblación, ya que éstas están situadas en los pueblos y de ellas dependen 1.500 empleos directos e indirectos en León y Palencia. «El tiempo de las ambigüedades ha acabado, ha llegado el momento de hablar de forma clara y contundente, de posicionarse en la defensa de las térmicas y el carbón», concluyó.
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