El PP prorroga el presupuesto de 2010 hasta aprobar el de este año

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo mantiene el día a día de gastos e ingresos gracias a una prórroga más del presupuesto del año 2010, ya que el ejecutado durante la etapa socialista de María Eugenia Gancedo es el último que se ha aprobado en el municipio del alfoz desde entonces. Esta situación se mantendrá hasta que el equipo de gobierno presente y saque adelante las cuentas de 2015, de las que ya tienen un borrador, tal y como obliga el Real Decreto-Ley de julio de 8/2013 del 28 de junio. Esto ha supuesto que el secretario del Consistorio haya emitido un informe «con reparos» en base a que "la prórroga del presupuesto no se adecua a derecho al existir un presupuesto ya prorrogado".

Este informe se basa en el artículo 26 f) de la normativa, en la que se expresa que «sólo se podrán ser objeto de prórroga los presupuestos del ejercicio presupuestario inmediato anterior», de ahí que el secretario afirme en su escrito que hay una "existencia legal inaplazable de proceder a la aprobación de un presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2015 en legal forma", algo que también se especifica en el siguiente punto del real decreto.

Se trata de una cuestión que el propio alcalde de San Andrés, Gregorio Chamorro, reconoció ayer a este periódico, e insistió en que es una medida para asegurar que se pueda ejecutar unas cuentas "«reales", después de que las de 2011, presentadas también por el PSOE, fueran suspendidas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León porque eran irreales. Una situación que se vio, según el regidor, al intentar hacer los presupuestos de 2012, cuando se comprobó que existía «un desfase de 10 millones» entre los ingresos y los gastos, de ahí que se haya ido prorrogando año a año.

Para el concejal del PAL-UL, Francisco Gómez, es "ilegal" que se haya prorrogado este año las cuentas de 2010, pero Chamorro aseguró que pese a los reparos del secretario solo se mantendrá esta situación hasta la aprobación de las nuevas cuentas, que ya podrán hacerse "de forma legal" al conseguir equilibrar ingresos y gastos tras la suspensión del pago de intereses. De hecho, se prevé un superávit de 1,2 millones en este ejercicio, una vez que se apruebe el presupuesto, que en la ley se da la posibilidad de que si no se obtiene la mayoría en el pleno para su ejecución, se dé el visto bueno en junta de gobierno.