El PP acepta dos enmiendas de C's y UPL para los centros docentes de San Justo de la Vega y Los Adiles

Las cuentas de la Consejería de Educación, que ascienden a 1.901 millones de euros, la segunda en gasto tras Sanidad, se aprobaron hoy con el acuerdo PP-C’s en el que se recoge el avance hacia la gratuidad de las becas de libro de texto, a cuyo acuerdo invitaron a sumarse los procuradores populares que defendieron las cuentas de este departamento. En el debate, se sumaron otras dos enmiendas, una de Ciudadanos y otra de UPL.

La procuradora de Ciudadanos Belén Rosado presentó seis enmiendas, en su mayoría para aumentar los fondos en varios colegios, después de la retirada de diez relativas a las ayudas a libros de texto por el acuerdo de su grupo con el PP, que se dotarán con diez millones de euros más para avanzar en ese objetivo a partir de 2016.

Ante la critica al pacto PP-C’s, la popular Isabel Blanco leyó el acuerdo para avanzar en la gratuidad de libros de texto e invitó al resto de grupos a sumarse por entender que es “bueno” para los ciudadanos. En la misma, se recoge el compromiso de avanzar a los largo de la legislatura en la gratuidad de libros de texto con el objetivo de alcanzar a “todos los alumnos” y recoger para ello 10,5 millones en las cuentas de 2016-2017.

Durante el debate, Blanco asumió una de las seis enmiendas vivas, relativa a obras en el centro San Justo de la Vega de León por un importe de 75.000 euros. También, aceptó la única de UPL, con 75.535 euros, para la ampliación del centro de educación infantil y primaria Los Adiles de Villaobispo de la Reguera (León), mientras que rechazó las 414 defendidas por PSOE, Podemos e IU.

En su turno, el socialista Fernando Pablos pidió “imaginar” que se cumplen los compromisos con centros en distintos municipios, se recuperan las ayudas Erasmus, a los congresos científicos, más contratos a jóvenes investigadores o con el Centro de Investigación del Cáncer, y añadió que “todo eso es posible”, planteado en sus 67 enmiendas. “Pida señor Rey (consejero de Educación) que voten a favor”, concluyó.

“No hay que imaginar, este año hay más dinero para Educación”, replicó la popular Isabel Blanco Llamas, que no recogió ninguna de las propuestas planteadas a la sección. La procuradora añadió que también aumenta la partida para libros de texto, con tres millones más para el programa Releo, e invitó a la retirada de las enmiendas a libros de texto para sumarse al acuerdo entre PP y Ciudadanos en ese sentido.

Aumento de la partida de gratuidad de libros de texto, que no se soluciona con el programa Releo, de los programas de cualificación profesional, para construcción del instituto de La Cistérniga y Arroyo de la Encomienda y más fondos a los grupos de investigación fueron algunas de las enmiendas que defendió Lorena González (Podemos), que detrajo los fondos de los seminario y educación concertada.

“Gracias a Ciudadanos por demostrar, como este bolígrafo que tiene una carcasa naranja y pinta azul”, concluyó González, con esa critica al pacto PP-Ciudadanos. “No es posible recoger las enmiendas por dónde proponer aminorar los créditos”, replicó el popular Jesús Alonso, que desestimó las 65 propuestas de Podemos. Alonso preguntó si los pactos firmados por ellos en los ayuntamientos valen y los de aquí no, “¿pero qué es esto?”, indicó, para invitar a sumarse al mismo. “No tenemos problemas con los pactos, sino con los que se hacen en despachos a espaldas de la gente”, respondió González.

Con humor, José Sarrión manifestó que si lo llega a saber “cuela” sus enmiendas al procurador de UPL, Luis Mariano Santos, compañero de bancada en el Grupo Mixto, a quien se le aceptan alguna de ellas sobre el mismo destino que la presentada por él. El procurador de IU defendió 282 propuestas para reducir los recortes, empleo público, aumento de becas para la gratuidad de libros de texto, construcción de nuevos centros -en particular el de La Cistérniga- e investigación.

“Es casi una enmienda a la totalidad”, rebatió Marta Maroto (PP) en relación al elevado número de enmiendas de IU, que rechazó al entender que las ayudas a becas han aumentado un 23 por ciento o que los créditos que se aminoran afectan a servicios o equipos de centros docentes, incluso financiadas con fondos Feder.