Aquellos paros hicieron que el Ayuntamiento acordara con FCC hacerse cargo del pago de ocho empleados para esquivar los despidos, cifrados en 16, un acuerdo que, entiende Merayo, ahora se anula por la sentencia que da la razón a otra de las licitantes para coger ese servicio, Urbaser.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, TSJ, anula el proceso de contratación y avala la denuncia de Urbaser sobre la falta de igualdad en la valoración de las ofertas. La sentencia deja sin efecto el proceso de contratación y hace que «volvamos a la mesa de contratación de hace dos años», explica la alcaldesa. Así las cosas, asegura que el Expediente de Regulación de Empleo, ERE, planteado por la empresa FCC «quedaría anulado también», interpreta Merayo. La alcaldesa dice que la sentencia es clara, aunque asegura que esperará a recibirla para que «el propio tribunal nos diga de qué manera podemos ejecutarla».
Lamenta la regidora que la empresa optara por seguir adelante con el procedimiento de regulación hace unos meses, que provocó la huelga de los trabajadores, cuando «les informamos de que existía esta denuncia y que era altamente probable que se anulara el contrato, pero nos dijeron que les daba igual», afirma Merayo.
En septiembre llegará el auto
Merayo espera que la sentencia no llegue al Consistorio hasta el mes de septiembre, cuando comenzará a ejecutarse, con las directrices que establezca el alto tribunal. Hasta entonces, asegura Merayo que no habrá problemas para los empleados de la adjudicataria actual «diría que tienen garantizado el puesto de trabajo, más incluso que antes de la huelga». La alcaldesa lamenta que FCC no se haya puesto en contacto con el Consistorio y asegura que será ella la que llame a su puerta y a la de Urbaser, para establecer reuniones y ver cómo reconducir la situación.Mientras, Merayo tiene claro que la adjudicataria seguirá adelante con el servicio durante este tiempo, en el que «tendremos que resolver todo este lío que nos han dejado», dijo, reprochando al gobierno bipartito liderado por Samuel Folgueral el proceso de adjudicación ahora desestimado.
Inquietud entre los trabajadores por lo que pueda pasar tras ejecutar la sentencia que anula el contrato
Desde el comité de empresa de FCC, su presidente Marco Antonio Varela reconoce que «estamos inquietos, porque no sabemos lo que va a pasar». Varela asegura que no se están planteando movilizaciones por el momento, pero sí reuniones, tanto con FCC como con el edil de Medio Ambiente, Roberto Mendo, para saber cómo se va a enfocar el cumplimiento de la sentencia «y cómo nos va a afectar a nosotros».
Varela teme que la situación de interinidad en la que se encuentran hasta que se retome el contrato se dilate «porque la denuncia a la que hace referencia la sentencia es de hace dos años, quién dice que no vamos a estar así otros dos».
Varela ha manifestado su malestar con la empresa por no haber reunido a los trabajadores y comunicarles lo que está pasando.
Los trabajadores estaban a la espera de que se firmara el acuerdo por el que levantaron la huelga de limpieza, el pasado 22 de abril, tras seis días de paros. El acuerdo obligaba a FCC a dejar sin efecto el ERE planteado.
También obligaba a la empresa a iniciar de inmediato las negociaciones de un nuevo convenio colectivo desde el que se consolidaría una plantilla de 94 trabajadores, de los que el Consistorio costearía ocho, los que tuvieran las edades más cercanas a la jubilación.