De esta manera, se allana claramente el camino para la declaración de impacto ambiental que la Junta de Castilla y León está tramitando para la parte logística de la plataforma intermodal, que al menos en una primera fase no tendrá ni talleres ferroviarios ni terminal de mercancías.
La situación del proyecto provocó un importante rifirrafe político entre la administración estatal y la autonómica, entre el PSOE y el PP, puesto que se culpaban mutuamente de la falta de avances en la tramitación del proyecto. Los socialistas acusaban a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de paralizarlo, mientras que los populares culpaban de la situación a la CHD por no haber emitido aún el informe correspondiente. Desde la entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico llegaron incluso a defender que no era necesario ningún nuevo informe, puesto que ya habían emitido el que se centraba en el Plan Especial de Torneros, que establecía la ordenación detallada del sector urbanístico sobre el que se asentará la plataforma) cuyo proyecto se tramita ahora) y que recibió en 2014 la declaración de impacto ambiental por parte de la administración autonómica.
Los efectos del 13-F
Todo esto en plena campaña para las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero. Sin embargo, a urnas pasadas, llegó el informe que la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León había solicitado a la CHD.
Y el proyecto de la plataforma logística no salía muy bien parado. Concretamente, los reparos incluidos en el informe desvelado por este periódico el pasado 10 de marzo se centraban fundamentalmente en la exigencia de un nuevo estudio hidrológico e hidráulico de los arroyos de La Oncina y Las Fontanillas, ya que se consideraba que los elaborados en 2011 eran incompletos.
Además, se exigían aclaraciones sobre cómo se va a realizar el vertido de las aguas residuales depuradas que genere la plataforma logística y se solicitaba que en las concesiones para el suministro de agua se incluyese también como titulares a los municipios de Onzonilla y Vega de Infanzones (hasta ahora solo se incluía a León).
Trece páginas de un informe que, a juicio del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, demostraron que su departamento no estaba había paralizado en ningún momento la tramitación del proyecto de Torneros y que el PSOE había «mentido» durante la campaña electoral.
Sin embargo, este mismo martes, el secretario provincial y diputado nacional del PSOE, Javier Alfonso Cendón, insistía en sus acusaciones y afirmaba que es la Junta la que debe «mover ficha» en la tramitación del proyecto pese a todas las objeciones que figuraban en el primer informe de la CHD, dependiente del Gobierno de España, y que a priori obligaban a modificar el proyecto presentado para poder obtener la declaración de impacto ambiental.
Y justo al día siguiente de reafirmarse Cendón en esas acusaciones contra la Junta se conocía el segundo informe que ha emitido la CHD en un plazo de 16 días, en el que se desdice de las citadas objeciones en dos simples páginas en las que considera suficiente la declaración de impacto ambiental aprobada en su día para el Plan Especial de Torneros sin que sea por tanto necesario tramitar otra que evaluase específicamente el proyecto que guiará la construcción de la plataforma logística.
El segundo informe sí da por bueno y «aceptable» el estudio hidrológico e hidráulico que se elaboró en 2011 sobre el arroyo de La Oncina y que en el primero se consideraba incompleto. Sin embargo, la CHD argumenta ahora que dicho estudio aportaba una solución técnica que garantizaba que los terrenos no eran inundables. «Esta Confederación Hidrográfica concluye que no considera necesario incorporar a la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado del proyecto de urbanización, el estudio hidrológico hidráulico que inicialmente se había requerido en el informe de fecha 22 de febrero de 2022», reza textualmente un texto en el que se detalla además el precepto legal por el que la Junta había solicitado el primero el 25 de noviembre de 2021.
Se trata concretamente del artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. En él se establece que antes de la emisión del informe de impacto ambiental, en el periodo de evaluación, se consultará a las administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, poniendo a su disposición la documentación correspondiente.
Los antecedentes
Es preciso recordar que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), adjudicó en febrero del pasado año la redacción del proyecto de urbanización de la plataforma de Torneros por un importe de 151.250 euros a la UTE formada por Uxama Ingeniería y Arquitectura y Omicron-Amepro.
Aún no se puede fijar una fecha para el comienzo de las obras de urbanización de una plataforma que permitirá el desarrollo de 821.216 metros cuadrados de suelo destinados al asentamiento de actividades económicas y que se distribuirán en 173 parcelas. La actuación ocupa una superficie de 198 hectáreas, de las que 54 corresponden a sistemas generales ferroviarios que, como ya se ha mencionado, no se incluyen en la redacción de este primer proyecto.