Denuncian la "grave situación" por el "bloqueo administrativo total" del Ayuntamiento de San Andrés

UGT recuerda que la ausencia de interventor impide abonar las nóminas de los trabajadores municipales

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13/09/2025
 Actualizado a 13/09/2025
Edificio del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. | L.N.C.
Edificio del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. | L.N.C.

El sindicato UGT denunció este viernes a través de un comunicado la «grave situación» que atraviesa el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo debido a la ausencia de interventor, que «está provocando un bloqueo total de la gestión administrativa y económica del municipio con consecuencias directas sobre trabajadores y la ciudadanía».

UGT resume la situación recordando que convocada la plaza de interventor interino y completándose el proceso, se nombró a la persona seleccionada denunciando posteriormente la concejala de IU - Podemos Laura Fernández que el procedimiento no se ajustaba a la ley solicitando la intervención de la Junta. Efectivamente la Junta determinó que la composición del tribunal no se ajustaba a derecho y no reconoció el nombramiento, decidiendo después el consistorio no nombrar como interventor accidental a un funcionario capacitado para ello a la espera de que la Junta lo haga.

Así las cosas, UGT recuerda que las nóminas de los trabajadores municipales siguen sin abonarse «generando indignación y preocupación entre la plantilla, que valora tomar medidas». Igualmente recuerdan que se están perdiendo subvenciones y se producen retrasos en programas municipales que afectan a la ciudadanía, paralizando igualmente el pago de ayudas de emergencia social. Por último señalan el bloque administrativo del ayuntamiento, que deriva la imposibilidad de que los servicios públicos funcionen correctamente.

Así, desde UGT exigen al equipo de gobierno del ayuntamiento ya a la Junta que resuelvan «de manera inmediata» esta situación garantizando la cobetura estable de la figura de interventor y evitando que los trabajadores y la ciudadanía sigan sufriendo las consecuencias» de lo que consideran un conflicto «político-administrativo que no les corresponde asumir».

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