La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia 2 de León ha declarado nulos de pleno derecho los bandos emitidos por la Alcaldía en noviembre de 2024 y febrero de 2025 para justificar la peatonalización de varias calles del centro de León, como Gil y Carrasco, San Agustín, Alfonso V o Ramiro Valbuena.
Según explicó David Fernández, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, la sentencia refleja un “vicio de nulidad de pleno derecho por falta de competencia material del órgano y omisión total del procedimiento” atribuido al equipo de gobierno del alcalde socialista José Antonio Diez. La resolución judicial ratifica la paralización cautelar que ya había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en junio de 2025.
Fernández ofreció dos lecturas de la sentencia. En el plano jurídico, subrayó que “el juez declara los bandos de la Alcaldía como nulos de pleno derecho por ser un procedimiento totalmente diferente al que se debería haber utilizado, que sería la aprobación de una ordenanza en el Pleno. Además, se evidencia una omisión total del procedimiento administrativo, lo que genera una clara vulneración de derechos ciudadanos y de los concejales”.
Desde la perspectiva política, el portavoz popular afirmó que el fallo evidencia “una manera de actuar cesarista y despótica del alcalde, una actitud totalmente al margen de la ley. No fue porque no tuviera advertencias: cuando cerró estas calles, le alertamos públicamente desde el Partido Popular de que era ilegal, pero no escuchó”.
Fernández recordó que el PP municipal presentó posteriormente una queja ante el Procurador del Común, cuyo dictamen fue favorable a la oposición. Además, comparó la gestión de Diez con la del presidente del Gobierno: “Lo mismo que Pedro Sánchez gobierna a espaldas del Parlamento, Diez utiliza los bandos para esquivar a los diferentes grupos políticos presentes en la Corporación”.
El portavoz denunció también el coste económico y la falta de seguridad jurídica que, a su juicio, implican estas actuaciones: “El alcalde sabía que estaba actuando de manera ilegal y ha intentado por todos los medios evitar esta sentencia, utilizando la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento y alegando falta de legitimidad de los concejales populares y carencia de objeto sobrevenido, argumentos desestimados por el juez. Estamos ante un patrón habitual: decisiones improvisadas, discrecionales, procedimientos administrativos ilegales y sentencias que generan un coste económico y falta de seguridad jurídica para los leoneses”.
Con esta nueva resolución, se cierra un capítulo judicial que deja en evidencia la gestión de la movilidad en el centro de León y abre un debate sobre el respeto al procedimiento legal en el Ayuntamiento.