Los gatos callejeros ya tienen ley. Lo que falta, denuncian quienes llevan muchos años cuidándolos en las calles de forma totalmente desinteresada, es que se cumpla. La ciudad de León se sumará este domingo 6 de septiembre a la movilización nacional en defensa de las colonias felinas.
Una protesta con la que asociaciones y cuidadoras reclamarán a los ayuntamientos de toda España que asuman de una vez por todas unas responsabilidades que desde hace tres años les atribuye la ley de bienestar animal y que, según denuncian, siguen recayendo mayoritariamente sobre los hombros de las voluntarias y, especialmente, sobre sus propios bolsillos.
La concentración forma parte del movimiento ‘Los gatos tienen ley’, que llevará a la calle a colectivos de diferentes puntos de España a partir de las 12:00 horas. Una ‘marea naranja’ con la que pretenden recordar que la colaboración ciudadana prevista en la normativa no significa que sean los particulares quienes deban sufragar la gestión de las colonias callejeras.
«Nos hemos cansado. No nos negamos a colaborar, pero lo malo es que sale todo de nuestros bolsillos», resume la presidenta de Argos León, Fina Alija.
La reivindicación tiene detrás la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, aprobada en marzo de 2023 y en vigor desde el 29 de septiembre de aquel año. Sus artículos 38 a 42 regulan específicamente las colonias felinas y dejan en manos de las entidades locales su gestión, aunque la mayoría de ellas hacen oídos sordos o no la aplican en su totalidad.
Entre las obligaciones de los ayuntamientos, tal y como se expone en la ley, están el censo y mapeo de los gatos comunitarios, su esterilización, identificación mediante microchip y el desarrollo de programas sanitarios bajo supervisión veterinaria. La legislación obliga además a los ayuntamientos a disponer de mecanismos para la recogida y alojamiento de animales abandonados y de atención veterinaria urgente, algo que no se está aplicando.
«Los gatos ya tienen ley y ahora toca cumplirla. Se están aprovechando de la gente que es buena con los gatos, pero tienen que encargarse ellos, los ayuntamientos», insiste Alija. Para la presidenta de Argos, alegar falta de presupuesto municipal no puede convertirse en una respuesta permanente. «Los ayuntamientos deben buscar financiación y sacar dinero como sea para los gatos, recortando de otras partidas si hace falta», señala, recordando que la propia normativa contempla que las entidades locales puedan recabar el apoyo de las diputaciones provinciales para cumplir sus obligaciones.
Y todo porque la situación es especialmente acusada en los municipios de la provincia.
«Auténticas atrocidades»
«En los pueblos no se está cumpliendo prácticamente nada», denuncia Alija, que asegura que todavía se producen «auténticas atrocidades» con camadas o animales enfermos. «Tirar gatos a los contenedores o ahogarlos sigue siendo habitual», lamenta. Precisamente por ello, una parte importante de la movilización busca que la aplicación de la normativa no quede limitada a las capitales de provincia y se pondrá el foco en el medio rural de la provincia.
En León capital, Argos reconoce que se han producido avances en cuanto al censo de las colonias, pero considera que el cumplimiento está aún incompleto. Sí que se esteriliza y se presta atención veterinaria a una parte de los gatos comunitarios, pero la asociación reclama que estas actuaciones alcancen a todos los animales que lo necesiten y que, además, exista una solución, un espacio, para aquellos que, después de recibir tratamiento, no pueden regresar inmediatamente a la colonia o están a la espera de una adopción.
Fina Alija pone como ejemplo los gatos atendidos en el Hospital Veterinario de la Universidad de León, ya que el problema llega después de la cura. «Se les cura, pero ahora no tienen dónde llevarlos y están pidiendo a las cuidadoras que se hagan cargo. No hay dónde meter esos gatos», añade.
Una carga que se suma a la económica. «Nosotros no recibimos subvención del Ayuntamiento», explica la presidenta de Argos, que cifra en unos 35.000 euros anuales los gastos de la asociación frente a una ayuda de 4.000 euros de la Dirección General de Derechos de los Animales.
«La mayor parte de nuestros fondos son privados». A ello se añade la alimentación diaria de las colonias, otro de los gastos que las cuidadoras reclaman que cuente con apoyo municipal. «Los que cuidamos a los gatos somos los que estamos en la calle a diario y corre a cuenta de nuestro propio bolsillo», resume la presidenta de Argos León.
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