La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) muestra su respaldo absoluto a la plantilla de examinadores de la Jefatura Provincial de Tráfico de León y denuncia la situación insostenible de colapso estructural que padece el servicio, desde hace más de ocho años, por la carencia de personal. La falta de previsión y la deficiente planificación por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) han llevado al límite a un colectivo que asume una sobrecarga de trabajo insoportable. La provincia cuenta actualmente con solo cuatro examinadores en activo para atender los exámenes teóricos, de pista y prácticos de León y Ponferrada, además de asumir continuos desplazamientos, cuando las necesidades mínimas exigen una plantilla fija de al menos seis examinadores y un coordinador.
CSIF remarca que no se cubren las vacantes, bajas laborales o jubilaciones de forma ágil. Asimismo, califica de “incomprensible y discriminatoria” la decisión de la DGT de haber excluido a la provincia de León del plan de refuerzo temporal de la actividad examinadora que sí se ha puesto en marcha en otros territorios, agravando aún más la bolsa acumulada de más de 3.500 aspirantes pendientes de realizar su examen práctico.
Este sindicato denuncia que, ante la desesperación por las esperas, los alumnos del sur de la provincia se ven obligados a acudir a examinarse a Benavente (Zamora), y los de la comarca del Bierzo a la provincia de Ourense. “No estamos ante un problema coyuntural, sino ante un abandono institucional del servicio público que afecta directamente tanto a los empleados de la Jefatura Provincial de Tráfico de León como a la ciudadanía”, afirma CSIF. El retraso acumulado, que supera los tres meses de espera de media, no solo limita la movilidad y las oportunidades de empleo de los ciudadanos -especialmente en el medio rural-, sino que paraliza la incorporación de profesionales a sectores clave como el transporte, la logística o los cuerpos de seguridad y emergencias.
Por todo ello, CSIF exige a la DGT la cobertura urgente e inmediata de todas las plazas vacantes, así como la sustitución rápida las bajas y jubilaciones; y pide un plan extraordinario y urgente de choque para aliviar la sobrecarga laboral de los examinadores y dar salida al tapón de aspirantes acumulados.
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