La Audiencia Provincial de León, ha dictado sentencia en el caso de la 'reina de la burundanga', condenando a la acusada Natalia Torices por una serie de delitos cometidos entre los años 2018 y 2019, principalmente mediante la administración de escopolamina —conocida como burundanga— a personas de su entorno, así como por diversos hechos de carácter patrimonial..
De acuerdo con los hechos probados, la acusada suministró esta sustancia a varias víctimas aprovechando relaciones de amistad o confianza, provocando en todos los casos cuadros graves de intoxicación que requirieron asistencia hospitalaria, algunos de ellos con ingreso en unidades de cuidados intensivos. En dos episodios concretos, el tribunal considera acreditado que, aprovechando el estado de indefensión generado por la intoxicación, se apoderó de dinero en efectivo y realizó transferencias bancarias en su propio beneficio.
Los delitos por los que se ha juzgado a ‘la reina de la burundanga’ ocurrieron en los años 2018 y 2019
La sentencia, difundida por el bufete de abogados de Santiago Pascua, también declara probado que, durante un periodo prolongado, la acusada engañó a miembros de una misma familia simulando padecer una enfermedad oncológica grave. Bajo esa apariencia, solicitó importantes cantidades de dinero destinadas supuestamente a tratamientos médicos, que en realidad fueron empleadas en el juego online.
En el plano jurídico, el tribunal absuelve a la acusada de los delitos de homicidio en grado de tentativa, de uno de los robos con violencia inicialmente imputados y de todos los delitos de falsedad documental, al no concurrir los requisitos exigidos por el Código Penal. Sin embargo, la considera autora de seis delitos de lesiones agravadas, dos delitos de robo con violencia, un delito de estafa y un delito continuado de estafa, todos ellos debidamente acreditados mediante prueba testifical, pericial y documental.
Las penas impuestas, con la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas, suman varios años de prisión. Cada uno de los delitos de lesiones agravadas y de robo con violencia ha sido castigado con dos años de prisión, a los que se añaden seis meses por la estafa y un año de prisión hasta un total de 17 años y medios de cárcel y multa por la estafa continuada, además de las correspondientes penas de inhabilitación especial. El tribunal acuerda asimismo el abono del tiempo de privación de libertad ya cumplido por la condenada.
Indemnizaciones
En materia de responsabilidad civil, la sentencia fija indemnizaciones a favor de las víctimas y de los herederos de una de ellas que superan los 200.000 euros. Destaca especialmente la cuantía de 189.000 euros correspondiente al dinero obtenido mediante el engaño continuado. Todas las indemnizaciones se han calculado conforme al baremo de tráfico, con un incremento del 30 % por tratarse de lesiones dolosas, y devengarán intereses legales hasta su completo pago.
La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Con todo, el fallo constituye una respuesta judicial detallada y fundamentada frente a delitos cometidos mediante el uso de sustancias peligrosas y el abuso de la confianza personal, subrayando la gravedad penal y las consecuencias patrimoniales de este tipo de conductas.