La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, recibió 1.432 reclamaciones en 2025 “ante la falta de información” proporcionada por las administraciones, según un comunicado recogido por Ical, por lo que la institución “ha continuado desarrollando su labor de garantía del derecho de acceso a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local, y de otras entidades de carácter público”.
En el décimo año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia, de las 1.432 reclamaciones presentadas por los ciudadanos, 838 tuvieron su origen en la solicitud de una misma información a otros tantos ayuntamientos de la Comunidad, a los que concretamente se pedía el presupuesto destinado a la identificación y cuidado de gatos y perros abandonados en los correspondientes municipios.
Otras 129 reclamaciones fueron presentadas por cargos representativos locales, de las cuales 113 las formularon concejales de ayuntamientos, 15 fueron presentadas por vocales de juntas vecinales y una por un diputado provincial. En cuanto a otros colectivos, destacan, en menor número, las reclamaciones presentadas por representantes de empleados públicos, asociaciones ecologistas y periodistas.
Es destacable que en más de ocho de cada diez de las reclamaciones se utilizó la sede electrónica del Comisionado para su presentación.
Del total de las 1.432 reclamaciones recibidas, 1.263 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales. De ellas, 1.197 se presentaron frente a ayuntamientos, 34 frente a entidades locales menores, 29 frente a diputaciones provinciales y tres frente a una mancomunidad; el sector público de las entidades locales sumó otras dos. Por otra parte, 130 reclamaciones fueron presentadas frente a las consejerías de la Administración de la Comunidad y 20 frente a entidades del sector público institucional autonómico; siete reclamaciones se refirieron a la falta de acceso a información en poder de las universidades públicas de la Comunidad; finalmente, en relación con Colegios Profesionales se presentaron tres.
La mayor parte de las reclamaciones, en concreto 1.220, se fundamentaban en la falta de respuesta a la petición de información realizada, lo que representa más del 85% del total. 212 lo fueron frente a denegaciones expresas, basadas principalmente en motivos como: protección de datos personales; solicitudes repetitivas o abusivas; necesidad de reelaboración de la información; falta de disposición de la información por parte de la entidad; o que la información estuviera en curso de elaboración o publicación.
Como ha ocurrido en años anteriores, el tipo de información solicitada cuya denegación ha motivado reclamaciones es muy diverso; no obstante, destacan materias como bienestar animal, empleo público, contratación, urbanismo, medio ambiente, gestión de recursos públicos y actas y acuerdos.
En el año de referencia, 2025, la Comisión de Transparencia adoptó 497 resoluciones —número prácticamente igual al de los dos años anteriores—, de las cuales 328 se adoptaron en reclamaciones frente a entidades de la Administración local o su sector público, y 162 se refirieron a la Administración autonómica o su sector público. El resto correspondieron a Universidades o Colegios Profesionales. En 216 resoluciones se estimó la petición ciudadana de acceso total o parcial a la información solicitada. Las resoluciones deben cumplirse, por lo que las Administraciones concernidas han de proporcionar el acceso previamente denegado.
En 188 casos, tras pedir la intervención de la Comisión ante el silencio administrativo, las entidades proporcionaron la información sin necesidad de resolución.
En 33 resoluciones de las 497 dictadas, la Comisión confirmó la legalidad de la denegación de la información solicitada. El resto, 60 resoluciones, fueron inadmisiones o desistimientos.