Ni León ni Málaga. El Centro Nacional de Ciberseguridad al que aspiraban ambas ciudades no tendrá sede física, tal y como han confirmado a este periódico desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Desde el Gobierno califican a este centro como «un departamento administrativo más». «No se trata de una agencia ni de ninguna institución de nueva creación que requiera de una ubicación física», expresan textualmente desde el Ministerio.
La disposición adicional primera del anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad expone que el Centro Nacional de Ciberseguridad estará adscrito al departamento de Seguridad Nacional. De esta manera, este ente que León reclamaba ejercerá como centro de coordinación de las autoridades competentes en la materia, de los equipos de respuesta ante emergencias informáticas (CSIRTS) y de otros ministerios respecto a la directiva NIS2. Además, según apuntan fuentes oficiales, tendrá el cometido de coordinar la representación internacional.
Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), NIS2 es una directiva que busca «crear un alto nivel común de ciberseguridad en toda la Unión Europea, imponiendo obligaciones a los Estados miembros y a las entidades públicas y privadas de sectores críticos». Este centro que no tendrá sede física se enmarca, precisamente, en estos requerimientos continentales.
El Centro Nacional de Ciberseguridad nacía además con las dudas de cómo sería su posición jerárquica con respecto a Incibe, ubicado en el barrio de La Lastra y que ha posicionado a León como una de las capitales españolas de la ciberseguridad. El posible emplazamiento del nuevo ente en Málaga, donde existe un ecosistema TIC en la materia más que notable, podría suponer que el sector en León se viese mermado.
Tal vez por ello, o simplemente por atraer una agencia de nueva creación, desde el Ayuntamiento de la capital, la Diputación de León y la Junta de Castilla y León se había pedido de manera formal que el Centro Nacional de Ciberseguridad llegase a tierras leonesas. Algo que también reclamaron el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía para su candidatura. Todos, en el norte y en el sur, dieron por hecho que este nuevo organismo tendría una sede física que el Gobierno desmiente.
Sucesión de mociones
El pleno del Ayuntamiento de León aprobó el pasado 28 de febrero, a propuesta de UPL y con la unanimidad de todos los grupos políticos, una moción para que el Centro Nacional de Ciberseguridad se instalase en la ciudad. Una petición que se tramitó por vía de urgencia, dado que en Málaga ya se habían postulado para albergar este ente que operará de forma online.
Poco después, el 13 de marzo, la Junta de Castilla y León aprobó en Consejo de Gobierno una declaración para instar al Gobierno de España a que designase a la capital leonesa como sede del nuevo centro. «El Gobierno autonómico muestra su apoyo firme para que esta candidatura sea elegida para acoger esta infraestructura que propiciaría un ecosistema único en nuestro país», expresaron entonces en un comunicado emitido por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital.
De igual forma, la Diputación de León se sumó a estas peticiones el 26 de marzo. De nuevo, a propuesta de los leonesistas y con el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en la institución provincial. Aunque en los planes del Ministerio no hay prevista ninguna «ubicación física» para el Centro Nacional de Ciberseguridad, el portavoz de UPL y vicepresidente de la Diputación, Valentín Martínez, declaró: «Esperemos que pueda más la España Vaciada que la poderosa ciudad de Málaga».
Unas intenciones que también se han expresado por otros representantes políticos durante esta misma semana. Por ejemplo, en la visita realizada el lunes a las obras de la nueva sede de Scayle por parte del director general de Telecomunicaciones y Administración Digital, Antonio Ibáñez, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, y el alcalde del Ayuntamiento de León, José Antonio Diez. En el encuentro se destacó la «mayor capacidad de recursos» de la candidatura leonesa para albergar este centro sin sede física.
En todo caso, fue en Málaga donde se tomó la delantera a la hora de pedir este organismo para la ciudad. Una intención que el Ayuntamiento malagueño manifestó en un comunicado el 25 de febrero, unos días antes de la moción en León. Su alcalde, Francisco de la Torre, subrayó entonces que la llegada del Centro Nacional de Ciberseguridad «vendría a reforzar la estrategia de la ciudad en materia de innovación y tecnología».
A comienzos de marzo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía también aprobó una petición al Gobierno para albergar el centro en cuestión. Algo que, de tener sede física y de haberse elegido la candidatura andaluza, se hubiese sumado al Centro de Operaciones de Ciberseguridad que ya tiene Málaga.
Esta misma semana, los populares de Málaga registraron en el Parlamento andaluz una PNL para pedir este organismo y que el Gobierno lo eligiese en base a «criterios de eficacia, descentralización y coordinación». Ya en semanas anteriores, desde la ciudad malagueña se había asegurado «no temer» a la candidatura leonesa.
Al final, ni unos ni otros. Pese a la sucesión de mociones en tierras leonesas y malagueñas, los planes actuales del Gobierno no pasan por dotar al Centro Nacional de Ciberseguridad de un emplazamiento en concreto. Algo que, por otra parte, sigue dejando a León, con la presencia de Incibe como organismo físico de referencia, como la principal capital española en materia de ciberseguridad.