Castilla y León prevé recurrir los decretos de vivienda si son convalidados al entender que invaden sus competencias

La Junta rechaza las dos normas del Gobierno porque "equivoca" las acciones a tomar al reducir la oferta y generar inseguridad jurídica

Ical
01/10/2026
 Actualizado a 01/10/2026
Pancarta principal que comandaba la concentración frente a Botines, a la que acudieron alrededor de 200 personas. | SAÚL ARÉN
Pancarta principal que comandaba la concentración frente a Botines, a la que acudieron alrededor de 200 personas. | SAÚL ARÉN

La Junta de Castilla y León tiene la “voluntad de recurrir” los reales decretos-ley en materia de vivienda, aprobados por el Gobierno de España el pasado martes, tras el desahucio de Maricarmen, una anciana madrileña de 87 años y las movilizaciones registradas en varias ciudades. El Ejecutivo esperará al pleno de mañana del Congreso de los Diputados, que abordará su convalidación, para armar uno o dos recursos por invasión de competencias autonómicas y por ser contrarios a los intereses de la Comunidad.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, avanzó que analizarán “con detalle” los textos aprobados por el Consejo de Ministros antes de armar los recursos, pero consideró que invaden “claramente” las competencias de la Comunidad.

Al respecto, el portavoz de la Junta insistió en que en este momento está en vigor el primero de los dos reales decretos-ley publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), si bien este jueves ha salido otro que enmienda el anterior en parte, pero precisó que mañana podría decaer alguno de ellos. Por ello, consideró que tendrán que esperar porque el sábado la legislación aplicable en materia de vivienda podría ser diferente a la de hoy, a la del miércoles o la de este viernes.

En términos generales, Fernández Carriedo rechazó los dos textos porque a su juicio el Gobierno de Pedro Sánchez "equivoca" las acciones a tomar en materia de vivienda, ya que denunció lo previsto va a reducir la oferta existente y va a generar inseguridad jurídica.

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