Los gobiernos de Castilla y León, Galicia y Asturias, junto a las principales organizaciones empresariales de las tres comunidades, se reunieron en Santiago de Compostela para intensificar su presión ante las instituciones europeas con el objetivo de eliminar los peajes de la AP-66 y la AP-9. El encuentro concluyó con una declaración institucional conjunta en la que las tres administraciones reclaman a la Comisión Europea que impulse la conclusión del procedimiento de infracción abierto contra España en septiembre de 2021 y que, si fuera necesario, eleve el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El procedimiento europeo cuestiona la legalidad de las prórrogas de ambas autopistas. En julio de 2025, la Comisión emitió un dictamen que aprecia posibles incumplimientos de los principios de transparencia e igualdad de trato, al haberse prorrogado las concesiones sin licitación pública. Sin embargo, las tres comunidades denuncian que el Gobierno de España no les ha facilitado información sobre el contenido de ese dictamen ni sobre la respuesta enviada a Bruselas, pese a haberlo solicitado formalmente en octubre de 2025.
La secretaria general de la Consejería de Movilidad de la Junta, Natalia Flórez, defendió en el encuentro la necesidad de mantener una posición común entre las tres comunidades para "garantizar que los intereses de los ciudadanos y las empresas del noroeste sean escuchados en Europa". La Junta considera que la continuidad del peaje genera un "agravio económico" para sus ciudadanos, especialmente si se compara con autopistas de otras comunidades que han sido liberadas o cuentan con bonificaciones más generosas. En ese contexto, el presidente Mañueco anunció durante su investidura bonificaciones de al menos el 60% para usuarios recurrentes en varias autopistas de la comunidad, entre ellas la AP-66.
La reunión de Santiago también sirvió para reiterar la necesidad de impulsar el Corredor Atlántico, infraestructura estratégica para el noroeste peninsular para la que la Junta reclama al Gobierno un Plan Director con cronograma concreto de inversiones, a cuatro años de la fecha límite fijada para la Red Básica europea.