Debajo de la capa política, que concentra los focos y las críticas, en las instituciones públicas hay otro estrato compuesto de altos funcionarios que concentra el verdadero poder, que no pasa por las urnas, que no protagoniza titulares pero que comparte, desde la invisibilidad de la administración, todos los males de la política. Hay funcionarios que se limitan a aplicar las decisiones de los gobiernos elegidos por los ciudadanos y hay otros que terminan convencidos de que son ellos quienes deben decidir por encima de los gobiernos. Carlos Hurtado, jefe de Asuntos Económicos del Ayuntamiento de León hasta el pasado sábado, pertenece, sin duda, a esta segunda categoría. Su jubilación, apurada hasta el límite, (llegó a renunciar, incluso, a sus vacaciones), pone fin a una de las etapas más controvertidas de la historia reciente del Ayuntamiento de León. Durante décadas ha sido el funcionario con más poder que ha conocido la institución. No porque su cargo lo exigiera, sino porque fue construyendo una red de influencia que acabó condicionando a alcaldes, concejales y responsables políticos de todos los colores.
«Carlos Hurtado es mal enemigo», repetían quienes mejor conocían los entresijos de la vida municipal. Era un hombre temido dentro del Ayuntamiento, no tanto por el puesto que ocupaba como por su obsesión por controlarlo todo: licitaciones, adjudicaciones, expedientes, personal, sindicatos, asociaciones... Cualquier decisión importante acababa pasando, de una forma u otra, por su radio de acción. Pocos se atrevían a contrariarle y muchos preferían pactar antes que enfrentarse a una maquinaria que durante años demostró una enorme capacidad para desgastar a quien se cruzara en su camino.
El punto de inflexión llegó durante el mandato de Francisco Fernández. A través de una asociación vecinal que presidía consiguió paralizar el tranvía cuando las obras ya avanzaban por Padre Isla, camino de los hospitales. León perdió entonces una infraestructura estratégica y Carlos Hurtado descubrió que podía derrotar políticamente a un alcalde desde fuera del Gobierno. Desde aquel momento pareció asumir que ya no tenía por qué aceptar órdenes de nadie. Aquella guerra terminó apartándolo de sus funciones, con una denuncia por acoso laboral y el caso archivado después de varios años, lo que reforzó todavía más su figura. A partir de entonces, ningún equipo de gobierno consiguió ponerle límites reales. Cambiaban los alcaldes, pero él seguía ahí.
Su ubicuidad administrativa le hizo manejar además de aquella asociación de vecinos un sindicato, Asial, creado a su medida. A través de él continuó ejerciendo una influencia decisiva sobre la organización municipal, el reparto del personal y buena parte de las políticas laborales. No era un sindicato más. Era un instrumento de poder, resultado de un conmigo o contra mí materializado en demandas varias, desde cada uno de sus diferentes cargos, llegando en ocasiones a recusarse a sí mismo para completar el delirio.
Su nombre aparece también ligado al polémico contrato de Serfunle. Participó en la redacción de unos pliegos que establecieron un canon posteriormente declarado ilegal y que durante años obligó a los leoneses a pagar alrededor de 400 euros más por cada entierro. Se le exigieron responsabilidades, pero la guerra entre la mancomunidad y la concesionaria le permitió salir del trance sin mancharse las manos. Siguió concentrando poder, tanto que no sentía la necesidad de disimular su influencia, sino más bien todo lo contrario. Buen ejemplo de ello es que, tras aquel polémico contrato de Serfunle, Hurtado terminó convertido en secretario general de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef), otro cargo que sumar a su larga lista.
La llegada de José Antonio Diez a la alcaldía en 2019, lejos de reducir su protagonismo, lo incrementó. Se creó para él una jefatura de Asuntos Económicos especialmente relevante y muy bien remunerada, como ocurriera con otros tres considerados 'altos funcionarios', desde la que siguió moviendo piezas con una discreción solo aparente.
Ni siquiera la jubilación ha supuesto un límite. Retrasada hasta el límite legal, se ha preocupado de cerrar bien asuntos pendientes, consolidar decisiones y dejar los mimbres que le permitan, a partir de ahora, controlar puestos estratégicos, a través de personas de su confianza, para poder seguir influyendo cuando ya no firme un solo documento. La historia juzgará su legado. Pero quizá la reflexión más preocupante no sea quién fue Carlos Hurtado en el Ayuntamiento de León, sino cómo un funcionario pudo llegar a acumular durante tantos años más capacidad de influencia que muchos concejales elegidos por los ciudadanos. Cuando una administración permite que el poder personal pese más que el poder institucional, el problema deja de tener nombre y apellidos. Pasa a convertirse en un problema de democracia y de calidad institucional.
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