La Junta de Castilla y León ha resuelto finalmente este lunes las ayudas al alquiler de la convocatoria de 2022. El responsable de Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha comprometido a que el importe sea abonado a los beneficiados "a mediados de noviembre". Para explicar el retraso en la resolución de la subvención, cuyo plazo de solicitud concluyó el 3 de enero, el consejero ha asegurado que “ha sido un año complejo” por la convocatoria también del Bono Joven del Gobierno.
En la provincia de León, el número de beneficiados de la ayuda para la vivienda de alquiler es de 2.738, que recibirán 5,2 millonesde euros en total. Si se compara con los datos del año anterior, la cuantía económica total es la misma - 5,2 millones - si bien el número de beneficiados cae un 16%, pues las ayudas de 2021 alcanzaron a 3.256 leoneses.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio abonará en total 29,35 millones de euros de subvenciones al alquiler de la convocatoria de 2022, 3 millones más que en 2021, y 12,5 millones más que la previsión inicial que contemplaba en un principio para este año el Plan de Vivienda. Suárez-Quiñones ha defendido este aumento de última hora - se publica este mismo lunes en el Bocyl - por el “compromiso” del ejecutivo autonómico “de otorgar las ayudas a todos aquellos que cumplían los requisitos y los justifican”.
Por provincias, del total de beneficiarios de la ayuda, 3.216 se han concedido en Valladolid (7,2 millones), 2.738 en León (5,2 millones), 2.075 en Salamanca (4,4), 1.856 en Burgos (cuatro millones), 1.094 en Ávila (1,9 millones), 957 en Segovia (1,9), 948 en Palencia (1,8 millones), 895 en Zamora (1,6) y 498 en Soria (944.680 euros).
La Junta rechaza un 40% de las solicitudes
En total, la Junta aceptó casi seis de cada diez solicitudes recibidas, que ascendieron a 24.721, una cifra que fue un 14,65 por ciento más que en 2021, cuando se presentaron 21.562. Esta cifra, además, creció en todas las provincias al albur del “factor atracción” del que presumió Suárez-Quiñones, en unas ayudas que “facilitan la tramitación al ciudadano” y reduce “trabas burocráticas”.
El consejero explicó que el 40% de las solicitudes fueron rechazadas por “no acreditar los requisitos cuando la Administración ha pedido subsanarlos, por no estar al corriente de pagos con Hacienda o la Seguridad Social no empadronados en los municipios para el que se pide el pago del alquiler, porque abonan renta que supera los máximos”, aunque también por no ser titulares de la vivienda o contar con alguna más en propiedad.
Suárez-Quiñones destacó algunas de las mejoras que incluye la resolución. En primer lugar, se destina para mayores de edad, con residencia habitual y permanente en Castilla y León, y con ingresos de hasta tres veces el IPREM, que se eleva hasta cuatro para familias numerosas y víctimas del terrorismo, y hasta cinco para personas con discapacidad igual o más del 33 por ciento.
La renta que se paga en la vivienda, para optar a la ayuda, cuenta con un límite de entre 375 y 500 euros, que se amplía hasta 450 de mínimo y 550 de máximo, para Burgos, León, Salamanca, Valladolid y Segovia, y que alcanza los 800 euros para familias numerosas, personas con discapacidad del 33 por ciento o más, y familias con vulnerabilidad sobrevenida. También, por primera vez, se incluye el alquiler en habitación, con mínimo de 150 y máximo de 200 euros. Se trata de mejoras, añadió, que se encuentran contempladas en la convocatoria de 2023, presentadas hace unos días.
En cuanto a la cuantía, se incrementan la subvención del 40 al 50 por ciento de la renta, si bien para jóvenes menores de 36 años sube hasta el 60 por ciento; y si es en el medio rural, hasta el 75 por ciento, porcentaje igual del que se benefician las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.
Compatibilizar con Bono Joven
Por otro lado, Juan Carlos Suárez-Quiñones expuso que otra de las novedades es la compatibilización de estas ayudas con el Bono Alquiler Joven, cuya gestión trasladó el Gobierno central a las comunidades autónomas, por ser la vivienda competencia autonómica. Así, existe hasta un 40 por ciento de la diferencia entre lo recibido por el Bono y el importe de la renta, con un límite del 75 por ciento del importe de la segunda.
El consejero explicó que en esta ocasión el Bocyl no publicará la relación de beneficiarios, sino que estará en la página web de la Junta, en las delegaciones territoriales, en el 012 y en el correo electrónico de este servicio, si bien todos los perceptores recibirán un mensaje en el teléfono en el que se avisa de que se procederá al ingreso en siguientes días.
Suárez-Quiñones recordó que las familias “no tienen que aportar ahora los pagos bancarios porque ya lo hicieron en la presentación de la solicitud”, motivo por el que justificó el retraso de la convocatoria, “dado que se perdían determinadas ayudas por falta de conocimiento”. Ahora, se han unificado dos “trabas administrativas en una sola”, algo que “ha venido para quedarse”. A partir de ahora, los plazos serán siempre en diciembre y enero.