Asaja de Castilla y León ha lamentado que grupos medioambientalistas y en su caso partidos políticos se hayan manifestado en contra de la decisión de la Junta de autorizar el pastoreo y la caza en montes quemados en los grandes incendios del pasado verano. La organización agraria había pedido en reiteradas ocasiones el levantamiento del acotamiento de pastos por ser una necesidad imperiosa para las explotaciones ganaderas de las zonas afectadas, ya que en el caso contrario se verían obligadas a deshacerse de su actividad y abandonar el medio rural en el que han tenido sus raíces y su vida.
Asaja considera que el legislador estableció un periodo de cinco años de no aprovechamiento cinegético y pastoril con el fin de penalizar a quien pudiera provocar de forma intencionada un incendio. Pero los incendios forestales, con carácter general, no los provocan los ganaderos, y menos los ocurridos el pasado verano, por lo que «deja de tener sentido» un acotamiento genérico de cinco años. Por otra parte, consideran que este otoño e invierno se han dado unas condiciones meteorológicas favorables para la regeneración de los pastos.
Asaja considera que quienes se han opuesto al levantamiento de los acotamientos lo han hecho «por interés político, y en ningún momento pensando en el medio ambiente y mucho menos en los intereses de quienes viven en los pueblos y están comprometidos con el desarrollo rural». «Son los mismos que se oponen a actuaciones de limpieza en los montes y los mismos que no están cuando hay que colaborar en labores de extinción, como sí están los agricultores y ganaderos a los que ahora tratan de perjudicar»,critican desde Asaja.
Respecto a la caza, Asaja ha apoyado también la decisión de la Junta, ya que estas especies causan un daño elevado en los cultivos, en los prados, y son vehículo de propagación de enfermedades infectocontagiosas comunes entre especies salvajes y animales domésticos. «Es necesario reducir de forma significativa todas las poblaciones de especies de caza mayor» defienden.
Asaja pide a todos los partidos políticos, a las fuerzas sociales y a todos los grupos conservacionistas que tengan empatía con los problemas que atraviesa el sector agroganadero de Castilla y León y que no entorpezcan medidas que son «necesarias y positivas» sostenimiento de la actividad en los pueblos.