La Junta de Castilla y León ha autorizado al grupo Pascual-Bezoya el aprovechamiento de 500.000 metros cúbicos anuales de agua con la categoría de mineral natural procedente del acuífero de la Maragatería, en la provincia de León. La decisión se adopta pese a informes de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que advierten sobre posibles repercusiones en los caudales y en el estado de los recursos subterráneos.
La organización Ecologistas en Acción en León había solicitado, tras los incendios forestales del pasado mes de agosto, una evaluación del estado actual y futuro de los acuíferos en las zonas afectadas. En respuesta, la CHD identificó varias masas de agua subterránea potencialmente afectadas, entre ellas la de la Maragatería.
Según el organismo de cuenca, el impacto de los incendios sobre las aguas subterráneas no es inmediato, ya que depende de la infiltración de contaminantes procedentes de cenizas y materia orgánica tras episodios de precipitación. Este proceso, indicaba el informe, puede prolongarse en el tiempo y condiciona la evolución de la calidad del agua.
Pese a estas advertencias, la Dirección General de Minas resolvió que no existe obligación legal de revisar la calidad de las aguas ya declaradas como minerales ni de suspender cautelarmente las concesiones, basándose en la Ley de Minas de 1973. Esta norma, de carácter preconstitucional, no contempla de forma expresa la evaluación ambiental en este tipo de explotaciones.
El informe de viabilidad de la CHD considera compatible la extracción prevista con el Plan Hidrológico, aunque supeditada a controles trimestrales de los caudales y la presión de los pozos artesianos que abastecen a la población. Sin embargo, la resolución administrativa traslada la responsabilidad de estos controles al promotor del proyecto, sin establecer mecanismos adicionales de verificación por parte de la administración.
Además, la autorización se ha apoyado en un informe previo de la Dirección General de Salud Pública anterior a los incendios, sin que conste una comprobación posterior del estado del acuífero. Las organizaciones críticas con la medida señalan que no se ha evaluado la posible alteración de la calidad del agua tras los episodios de fuego.
La concesión implica también la delimitación de un perímetro de protección superior a 2.000 hectáreas que afecta a terrenos de Quintanilla de Flórez y zonas colindantes. Esta figura restringe usos agropecuarios y otras actividades, al requerir autorización del titular del aprovechamiento para intervenciones en el terreno.
Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de alzada contra la autorización y solicita su suspensión. La organización cuestiona tanto la evaluación ambiental como las consecuencias económicas y de uso del suelo derivadas de la protección del acuífero.
La resolución se enmarca en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos y de debate sobre el modelo de explotación del agua embotellada, en el que confluyen intereses económicos, ambientales y de gestión del dominio público.