La exclusión del maíz de las ayudas anunciadas por la Junta de Castilla y León para paliar la inflación de los fertilizantes y el gasóleo ha llevado a las cuatro grandes asociaciones agrarias de León a manifestarse el próximo miércoles, 25 de noviembre, frente a la Delegación Territorial de la Junta en León. Asaja, Ugal-UPA, Ucale-Coag y UCCL de la provincia leonesa han denunciado que no se incluya dicho cereal a pesar de no modificaría en gran medida el dinero destinado a otros cultivos puesto que la superficie que ocupa en la comunidad es muy inferior al resto. La medida autonómica ha sido criticada duramente por las asociaciones, calificándola de “sangrante”, “agravio” y denunciando, incluso, “una discriminación territorial” hacia León.
El proyecto de ayudas de la Junta contempla una partida de 20 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 10 del Ministerio de Agricultura. Esos 30 millones, en total, es lo que llegan a criticar unas asociaciones agrarias que, sin embargo, recuerdan los 150 que se movilizaron desde el Gobierno y que a mayores requieren a la Junta. Así, los poco más de 30 millones se distribuirán entre determinados cultivos con un máximo de 29,99 euros por hectárea, a pesar de que, inciden, no entrará el propio maíz. Con todo, requieren a la Junta ahora que iguale los 150 millones que el Gobierno ha destinado a la comunidad para tales efectos.
"Agravio" y "falta de voluntad" para León
En este sentido, el presidente de Asaja León, Arsenio García, ha calificado la exclusión al maíz de “sangrante” y un “agravio”, puesto que la provincia tiene 119.000 hectáreas, que son el 66% de la superficie de este cultivo de toda Castilla y León. “Creemos que es persecutorio con la provincia porque León es la principal productora de maíz, remolacha, alubia y lúpulo y ninguno de los cuatro cobrará ninguna ayuda”, explicó el presidente. En este sentido, aseguró que El Bierzo, por ejemplo, no cobrará nada “porque las mismas ayudas dicen que si son menores de 100 euros no se pueden pedir, por lo que si hablamos de poco más de 20 por hectárea, tienes que tener cinco hectáreas para cobrar la miseria de 100 euros”.
Asimismo, desde la organización han adelantado que, de salir adelante el proyecto económico de la Junta, acudirán a los tribunales para solicitar una “paralización cautelar” de las ayudas.
“La Junta no quiere saber nada de nosotros, no es nada nuevo y en este caso lo han demostrado con el maíz”
Al “agravio” que había denunciado previamente Asaja se sumó la “falta de voluntad política” de Ugal-UPA. Por medio de Víctor Díez Valle, la asociación agraria explicó que los 150 millones que reclaman a la competencia autonómica no saben a quién correspondería darlos llegado el caso: “La Consejería de Agricultura dice que el dinero lo tiene que soltar el PP desde Presidencia, y desde Presidencia dicen que es la Consejería de Vox quien tiene que hacerlo”.
Además, recordó que los impuestos de los hidrocarburos los está cobrando la propia Junta de Castilla y León, de manera que “están haciendo mucha más caja” con una mayor recaudación fiscal. “Nuestros agricultores están adelantado ese dinero con la subida y ahora es la Junta quien tiene que destinar lo que están ganando para paliar las subidas”, afirmó Díez, quien aseveró que “una vez más” la provincia de León “sale perjudicada”. “La Junta no quiere saber nada de nosotros, no es nada nuevo y en este caso lo han demostrado con el maíz”, sentenció.
"Discriminación territorial"
La “discriminación territorial” llegó de la mano de Apolinar Castellanos, presidente de Ucale-Coag, quien aprovechó para denunciar los “tiempos malos” que corren para el cereal: “Son habas contadas y todos los problemas son falta de presupuesto, de interés y de voluntad”, dijo. Castellanos aseguró que el proyecto económico de la Junta es una “discriminación a los cultivos que lo que tiene es falta de interés por dotarla de presupuesto”. “La miseria se reparte muy mal. Está claro que si la ayuda tiene que ser significativa tiene que dejar fuera a muchos cultivos, hay que entenderlo, pero qué casualidad que León sea la más afectada”, explicó al respecto.
Así, propuso a la Junta hacerse cargo de anticipos con cargo a los presupuestos del año que viene para ampliar las partidas “y dejarnos a todos satisfechos, pero no ha sido su voluntad”. Pese a ello, recordó que el consejero responsable, José Antonio Pino, “vendió que su partido político Vox defiende los intereses del campo, y mira tú que pronto estamos viendo y se está demostrando que no es como tal”, pues el sector “necesita ayudas efectivas y no tantas de dar 29 o 30 euros por hectárea, que es mucho menos de lo que se necesita”.
Los 30 millones "de aquí" con los 90 de Cataluña
Fue Juan Antonio Rodríguez, de UCCL, quien vertió la crítica más económica al proyecto. El responsable de la asociación de campesinos cuestionó la cuantía de las ayudas y las diferencias que hay en el trato entre comunidades autónomas, poniendo como ejemplo los 30 millones que se destinarán en la comunidad y los 90 que, sin embargo, dedicará Cataluña para compensar la inflación. “Ahora, dependiendo de dónde estés o de dónde seas eres mejor o peor agricultor o te cuidan más o menos”, explicó.
Aún así, se sinceró reconociendo que “lo que tenemos en Castilla y León es una auténtica miseria”. “Estamos defendiendo más que el fuero que el huevo, es una total injusticia y una medida de lavado de cara del consejero, que ha arrimado el ascua a su sardina”.
Con todo, la cuatro asociaciones agrarias animaron a los leoneses a acudir a una concentración más de los agricultores, que se realizará el próximo miércoles, 25 de noviembre, con el fin de hacer retroceder a la Junta para que incluya el cultivo del maíz en sus ayudas.
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