La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunció este viernes durante su visita a La Robla que el próximo Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto para reforzar la coordinación, la seguridad y la eficacia en la prevención y extinción de incendios forestales.
"Somos un gobierno que es consciente de que los incendios se apagan también en invierno. Hay que trabajar desde 365 días del año y, por lo tanto, próximamente llevaremos al Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto que busca mayor seguridad para los efectivos y mayor cooperación y colaboración entre las unidades operativas en los medios, en los sistemas de comunicación de control y, por supuesto, también en las cartografías. Nuestro compromiso es máximo y va a seguir siendo máximo en esta protección contra los incendios", apuntó.
Este nuevo Real Decreto responde a un riesgo creciente que afecta a todo el territorio nacional, intensificado por los efectos del cambio climático, con incendios cada vez más extensos, rápidos y complejos. La nueva norma refuerza la capacidad del sistema público para anticiparse y responder de forma coordinada ante emergencias, mejorando la interoperabilidad de medios y la seguridad del personal que interviene en las tareas de prevención, vigilancia y extinción. El Real Decreto es coherente con los compromisos asumidos en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que impulsa políticas públicas coordinadas para reducir riesgos y aumentar la resiliencia del territorio frente a fenómenos extremos. Esta norma supone un paso decisivo en la consolidación de un sistema nacional de gestión de emergencias por incendios forestales, basado en la cooperación institucional, la prevención y la protección de los ecosistemas.
Cinco medidas clave
El Real Decreto articula cinco actuaciones clave destinadas a mejorar la coordinación operativa y la seguridad en la gestión de incendios forestales. En primer lugar, calificación homogénea de las unidades de extinción, que permitirá una identificación común de capacidades y facilitará la colaboración entre comunidades autónomas y, en su caso, a nivel internacional. Contempla un protocolo común para el uso de medios aéreos, con criterios técnicos unificados para incrementar la seguridad y eficiencia de las operaciones con aeronaves. Además, indicativos de radio unívocos, que armonizan la codificación de comunicaciones y reducen el riesgo de errores durante situaciones de emergencia. En cuarto lugar, simbología común para mapas operativos, que facilita la interpretación compartida de la información geoespacial y la toma de decisiones en tiempo real. Y, finalmente, condiciones mínimas de seguridad y equipos de protección individual (EPI), garantizando la protección del personal interviniente conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales.