El pasado año los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado llevaron a cabo en Castilla y León un total de 19.675 detenciones o investigaciones, de las que el 24 por ciento (4.714) correspondieron a ciudadanos extranjeros. Este porcentaje se ha incrementado en la última década en 3,7 puntos, ya que de los 16.737 imputados o detenidos en 2015, 3.392 fueron inmigrantes. No obstante, en este periodo de tiempo la población extranjera en la Comunidad subió un 35,9 por ciento, al pasar de 135.448 a 184.135 personas.
A pesar de este incremento, el porcentaje de detenciones de extranjeros en Castilla y León es más de trece puntos inferior al registrado en el conjunto de España, donde el pasado año el 37,7 por ciento de las detenciones o investigaciones se realizaron sobre ciudadanos foráneos (217.377 sobre un total de 577.107), según datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso Ical. En el caso del conjunto de España, la población inmigrante en la última década creció un 46 por ciento, al pasar de 4,4 a 6,5 millones.
Por provincias, el porcentaje más alto de extranjeros detenidos o investigados se sitúa en Segovia, con un 36 por ciento (552), por delante de Soria (33,6 por ciento, 301); de Valladolid (28 por ciento, 1.098) y de Burgos (27,4 por ciento, 928). Por el contrario, León presentó el nivel más bajo con un 16,1 por ciento (500), seguida de Zamora (16,9 por ciento, 237) y de Salamanca (18,1 por ciento, 442). En Palencia se alcanzó el 20,3 por ciento (272) y en Ávila el 23,2 por ciento (384).
Con relación a 2023, el número de detenidos o investigados extranjeros en la Comunidad se incrementó un 13,3 por ciento. En este caso, la provincia de Ávila lideró las subidas con un 40,7 por ciento, por delante de Valladolid (34,9 por ciento), mientras que en Segovia se registró una caída del 5,2 por ciento y del 3,2 por ciento en Palencia. En Burgos se incrementaron un 14,1 por ciento, un 9,2 por ciento en Zamora, un 8 por ciento en León, un 4,9 en Soria y un 2,6 por ciento en Salamanca.
Por otra parte, en la última década la tasa de criminalidad de la Comunidad se ha incrementado en 8,1 puntos, hasta situarse en los 38,2 infracciones penales por cada mil habitantes, por debajo de la media nacional, que en este periodo subió algo menos (6,8 puntos) para quedar en 50,5.
Además, en este periodo la seguridad de la Comunidad ha mejorado en el conjunto autonómico. Si en 2015 Castilla y León era la séptima comunidad más segura, ahora ha escalado hasta el quinto puesto, solo por detrás de La Rioja (36,8), Galicia (35,2), Asturias (34) y Extremadura (32,9). En la cola se sitúa Baleares (65,8 infracciones), por delante de Cataluña (63,5), Madrid (57), Valencia (53,3) y Navarra (52,9).
En total, en Castilla y León se cometieron 91.335 hechos delictivos, un 0,3 por ciento más que un año antes, de los que fueron esclarecidos 37.222 (40,7 por ciento), frente al 36,2 por ciento del conjunto de España, donde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conocieron 2,4 millones de infracciones penales, de las que resolvieron 888.405. Por Comunidades, Cataluña se situó en cabeza y aglutinó el 20,8 por ciento de los hechos delictivos, por delante de Andalucía (16,7 por ciento), Madrid (16,3 por ciento) y Comunidad Valenciana (11,5). Castilla y León representó el 3,7 por ciento.
Menores
Por último, el pasado año fueron detenidos o investigados en la Comunidad 728 menores, un 11,2 por ciento menos que en 2023 y un 9,3 por ciento más que en 2015 (666). Por provincias, Burgos se situó en cabeza con 178, por delante de Valladolid (161) y León (107). En el extremo opuesto se situaron Palencia (28), Soria (34), Zamora (37), Segovia (46), Ávila (64) y Salamanca (73). Del total de imputados, 626 (86 por ciento) son hombres, frente a 102 mujeres.