Ugal reclama la supresión del "tarifazo eléctrico" del regadío

En un momento en el que reducir costes y aumentar la competitividad es fundamental para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas la escalada de los precios de los insumos complica ese objetivo. En este escenario, uno de los mayores costes es de la energía, que abarca tanto el combustible para la maquinaria –gasóleo agrícola, que registra importantes subidas– como la electricidad para los sistemas de regadío modernizado que gestionan las comunidades de regantes y que repercuten el recibo en el precio del metro cúbico de agua que paga el agricultor. La proliferación de sistemas de regadío modernizado en la provincia ha llevado consigo, consecuentemente, un aumento del consumo de electricidad, marcado por la obligación de mantener la misma potencia contratada a lo largo de todo el año, cuando solo se utiliza a plena capacidad en los seis meses del regadío.

La Unión de Ganaderos y Agricultores de León (Ugal-UPA) ante el aumento de la superficie modernizada y en el contexto de las reclamaciones de la sociedad leonesa expresadas en el 15-N, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate, reclamando la eliminación del «tarifazo eléctrico», que supone un sobrecoste de millones de euros para las comunidades de regantes. El secretario general de Ugal-UPA, Matías Llorente, recuerda que es una reclamación que vienen haciendo «los últimos dos años», que ya habían reclamado al gobierno anterior «y que nos ha prometido el actual». Según Llorente, «esta situación se puede solucionar perfectamente y nada más consiste en aprobar que podamos adaptar la tarifa en los seis meses de invierno y otoño que no utilizamos para nada el agua». El también presidente de la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Porma apunta que, pese a la insistencia y las promesas, por el momento «no se está resolviendo» el asunto «y tiene un incremento muy grande en el metro cúbico de agua que movemos en estos regadíos».

Llorente recuerda el esfuerzo inversor en los nuevos regadíos, «en los que hemos puesto tanto interés y ya tenemos 70.000 hectáreas». Estos sistemas permiten aumentar exponencialmente la productividad y Llorente sostiene que, dada la inversión, no es lógico que los agricultores no se puedan beneficiar completamente de sus ventajas.

No obstante, entre las medidas (Ley 1/2018) que el Gobierno anterior había implementado para paliar la sequía del 2017 se encontraba la posibilidad de contratos que se adapten a las necesidades de los regadíos. Sin embargo, esta posibilidad todavía no se ha desarrollado reglamentariamente.

De este modo, por el momento, la opción de las comunidades de regantes para abaratar el precio de la electricidad es agruparse para comprar de forma conjunta la electricidad con otras modalidades, como la compra a futuro a las compañías.