Superpoderes judiciales

Tampoco debía tenerlas todas consigo Montesquieu, que si no paraba de avisar sobre los peligros de injerencia entre poderes debía ser porque sabía que el quid de la cuestión estaba ahí.

Hace muy pocos años, cuando el país alcanzó cotas máximas de podredumbre en la vida política, enlodada en casos de corrupción un día y otro, muchos ciudadanos tuvimos a la justicia como el último bastión del saneamiento democrático. Con una demora de años, a veces lustros, eso sí, iban cayendo y siguen haciéndolo como fruta madura aquellos truhanes convertidos en banda criminal que se hacían llamar representantes políticos, en especial los del partido que se vio obligado a abandonar el poder por esa causa y sus financiadores. Entonces nos llegamos a preguntar si la tradicional falta de medios de los tribunales y de presupuesto de la justicia no serían intencionados, marrulleros intentos de eludir las leyes o, al menos, esquivar el castigo por vía de la prescripción del delito, ese procedimiento tan a mano.

Hasta que, de pronto, un juez (Baltasar Garzón) fue condenado en lugar de aquellos a los que juzgaba. Después vino lo que sabemos: las dilaciones indecentes, la bochornosa impunidad o ausencia de castigo a los Pujol, Aguirre y demás calaña, el empecinamiento en acusaciones infundadas a Podemos que ocupaban gruesos titulares y los sobreseimientos casi clandestinos, o, ahora, la sorprendente diligencia en revisar condenas a partir de una ley nueva llegada de un ministerio de ese mismo ámbito... Después vino, sobre todo, la parálisis del CGPJ, esa gárgara de siglas que no deberíamos haber aprendido nunca, y la disputa por el poder judicial convertida en herramienta de trifulca política y, en especial, del sálvese quien pueda que atañe a los políticos de ese partido empeñado en no perder mayorías, esta vez sí, ilegítimas.

Desde los Estados Unidos, donde Trump hizo su jugada más largoplacista en el Tribunal Supremo, hasta España, donde la judicatura, de un perfil claramente conservador, se escora al partido que la tiene bloqueada desde hace casi un lustro, la justicia ocupa el epicentro de la confrontación ideológica. Porque sigue siendo el último bastión: la administración de justicia construye un país; sus decisiones interpretando las leyes, comprometiéndose con su cumplimento, atendiendo la demanda social y la ecuanimidad, etc. atienden tanto las esperanzas de los ciudadanos como puedan hacerlo las normas elaboradas por quienes elegimos para redactarlas. Por ese motivo, la pugna por controlar torticeramente ese poder (recuerden aquel ‘wasap’ que anunciaba el control de la sala segunda del Supremo «desde detrás») resulta especialmente delicada y graves sus consecuencias. Porque es legítimo cambiar las leyes de un país si se cuenta con mayoría legítima para hacerlo, pero no lo es retorcerlas para hacer de ellas una herramienta al servicio de una parte.