El derrumbe parcial del antiguo garaje situado frente a la iglesia de San Ignacio, en Ponferrada, ha generado inquietud entre los vecinos del barrio, que aseguran que el colapso podría haberse evitado. Los residentes reprochan que advirtieron en hasta tres ocasiones a las administraciones del avanzado deterioro del inmueble sin que se adoptaran medidas, una circunstancia que, afirman, pudo haber desembocado en una tragedia.
El suceso se produjo minutos antes de las siete de la mañana del martes, cuando parte del tejado y uno de los muros del edificio, conocido como el antiguo garaje Garnelo, se vinieron abajo de forma repentina. El inmueble, ubicado entre la avenida de Compostilla y las calles Embalse de Bárcena y Castro, era utilizado actualmente como aparcamiento gratuito. La caída de la estructura afectó a la confluencia con la calle Embalse de Bárcena y provocó importantes daños materiales.
La hora del derrumbe evitó consecuencias personales, ya que, pese a tratarse de una zona de paso habitual de peatones y estudiantes, no había nadie circulando en ese momento. Aun así, el desplome causó daños en seis vehículos: cuatro estacionados en el interior del garaje y otros dos aparcados en la vía pública.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Municipal y Nacional, que acordonaron la zona para garantizar la seguridad y cortar el tráfico peatonal y rodado. Los Bomberos de Ponferrada realizaron una primera inspección del edificio, confirmaron que no había personas en su interior y colaboraron en la retirada de los vehículos afectados, unas labores que se prolongaron durante varias horas.
Tras lo ocurrido, María Rosa F. P., vecina del barrio, ha querido expresar públicamente el malestar de los residentes. “Esto pudo haber sido una desgracia. Si llega a pasar una hora más tarde, con más gente en la calle, estaríamos hablando de víctimas”, advierte. La vecina denuncia además el abandono que, a su juicio, sufre San Ignacio, un barrio que recuerda “nació en torno al Apostolado Social del Bierzo” y que hoy se siente olvidado por las administraciones.
Según explica, el edificio llevaba décadas presentando un aspecto ruinoso. “Desde el año 2000 ya se veía que estaba en mal estado. Muchos vecinos evitábamos pasar por esa acera porque temíamos que pudiera ocurrir algo”, relatan. Esa preocupación fue trasladada tanto al Ayuntamiento de Ponferrada como al Consejo Comarcal del Bierzo en varias ocasiones. “Advertimos del riesgo estructural y también de los problemas derivados, como la acumulación de palomas, pero nunca obtuvimos respuesta”, lamenta.
La vecina amplía la crítica a otras actuaciones en la zona y habla de una sensación generalizada de abandono. “Somos zona de bajas emisiones, se han hecho obras como la red de calor que han debilitado las cimentaciones y que además no funciona, y mientras tanto nadie se ocupa de edificios que están a punto de caerse”, reprocha.
Con un tono muy crítico, María Rosa se pregunta si las advertencias ciudadanas solo se atienden cuando ocurre una desgracia. “En España se caen trenes, carreteras y viaductos, y aquí se caen las casas. ¿Vamos a esperar a que haya muertos para actuar?”, cuestiona, reclamando mayor responsabilidad política. Pese a todo, subraya que lo más importante es que no haya habido daños personales y confía en que lo ocurrido sirva para prevenir situaciones similares.
Se había requerido al propietario
El edificio derrumbado se encontraba en concurso de acreedores y presentaba un avanzado estado de deterioro, según coinciden vecinos y técnicos. Desde el Ayuntamiento de Ponferrada, el alcalde Marco Morala explicó que la prioridad tras el suceso fue garantizar la seguridad. “Se ha procedido al derribo completo de la estructura porque estaba en condiciones realmente peligrosas”, señaló.
El regidor indicó además que se han solicitado informes técnicos para esclarecer las causas del desplome y determinar las responsabilidades. “Me consta que desde la sección técnica se había requerido al propietario en varias ocasiones”, afirmó, lo que podría derivar en la apertura de un expediente sancionador una vez se analicen los informes definitivos.
Morala reconoció que en la ciudad existen otros inmuebles en situación de ruina y que hay expedientes abiertos desde el área de Urbanismo, aunque subrayó la complejidad de estos procesos. “En muchos casos no se conoce a los propietarios o hay que seguir procedimientos administrativos garantistas. No se puede intervenir sin más”, explicó.
Ese procedimiento incluye la notificación a los propietarios y la adopción posterior de medidas correctoras o sancionadoras. En el caso del garaje de San Ignacio, el alcalde avanzó que, dado que existían requerimientos previos, es previsible que Urbanismo proponga sanciones, aunque será el informe técnico el que marque los siguientes pasos.
Mientras tanto, la calle ha recuperado la normalidad tras la retirada del inmueble, que ha dejado un solar en el lugar que ocupaba la nave. El alcalde destacó la rápida actuación de los servicios municipales y se mostró satisfecho de que no se hayan producido daños personales, así como de la pronta recuperación de la seguridad y la accesibilidad en el entorno.