Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con los Servicios de Inspección del Transporte de la Junta de Castilla y León, iniciaron una investigación que resultó en la imputación de siete personas por presuntas irregularidades en la impartición de cursos del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en varias provincias de Castilla y León. Los investigados, responsables de centros de formación en León, Valladolid, Palencia y Ávila, están acusados de falsedad documental, específicamente por la manipulación de registros electrónicos de asistencia de alumnos, lo que contraviene la normativa europea y nacional.
La investigación, liderada por el Sector de Tráfico de Castilla y León con sede en León, comenzó en octubre de 2024 tras detectarse posibles anomalías en los controles biométricos de asistencia a los cursos CAP, obligatorios para los conductores profesionales. Estos cursos, que combinan formación teórica y práctica en autoescuelas, son un requisito indispensable para obtener la cualificación profesional en el sector del transporte. Sin embargo, las pesquisas revelaron que algunos alumnos habrían obtenido el certificado sin asistir a las sesiones presenciales establecidas, lo que supone un grave perjuicio para la seguridad vial y el régimen de competencia en el sector.
Durante los últimos meses, la Guardia Civil, a través de sus Grupos de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), llevó a cabo 49 dispositivos de control e inspecciones en centros de formación de la comunidad. Como resultado, se tomaron 87 declaraciones a alumnos y profesores, y se identificaron irregularidades en siete centros, lo que derivó en la imputación de los responsables por presunta falsedad documental. Las autoridades pusieron a los investigados a disposición judicial, y las diligencias continúan abiertas para esclarecer el alcance total de las irregularidades.
Además de esta operación, la Guardia Civil sigue colaborando con la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León en la supervisión de los exámenes presenciales de capacitación, con el objetivo de prevenir fraudes y garantizar el cumplimiento de la normativa. Esta labor se enmarca en un esfuerzo continuo por asegurar la calidad y la transparencia en la formación de los conductores profesionales, un sector clave para la seguridad vial y la economía.