Días atrás, los hombres han estado pintando la tapia del cementerio gracias a una modesta subvención municipal, una colecta recaudada al salir de misa y el trabajo de la mayoría de los vecinos en hacendera voluntaria. También han desbrozado el interior y han echado zahorra en el camino principal. Cada vecino ha aseado después las tumbas de sus familiares, y, si no había quién, las de los colindantes. Se acerca el Día de difuntos. No muy lejos, la casa parroquial, que algún anciano del pueblo aún recuerda cuándo se levantó, también por esfuerzo del vecindario, aunque el erudito del pueblo rebata esa versión y remonte la construcción a tiempos inmemoriales, empieza a tener mal aspecto. Nadie la habita, desde que ningún párroco reside aquí. Pasa lo mismo con la escuela, sin niños. En el concejo se suele debatir qué hacer con esos edificios para evitar su ruina.
El párroco del pueblo no es nuevo, lleva bastantes años atendiendo a poblaciones de la zona. Más o menos los mismos que sabe que el obispado ha inscrito la iglesia, el cementerio, la casa parroquial y hasta unas tierrucas colindantes a su nombre, sin que nadie se apercibiera o fuera advertido. Sabe también que desde hace unos decenios, aprovechando una norma del gobierno de Aznar que dio alas a una absurda prebenda franquista, esta ha sido la práctica en estos casos: hacerse con bienes del común que no estaban inscritos en el registro de la propiedad porque nadie lo creyó necesario. Ahora sí lo están.
Cada vez que llega la homilía, piensa que debería comentarlo, que debería ser leal con su comunidad y hablarles de ello. Pero no lo hace. ¿Cómo podría decirles que la iglesia, el cementerio o la casa parroquial ya no son suyas, aunque nadie se lo haya dicho? ¿Cómo comentar tan mundanas cuestiones si él se dedica a propiciar la salvación eterna de sus almas pecadoras?
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