Ha habido acuerdo. El exalcalde de Valderas Eloy Rubio, que este lunes se iba a sentar en el banquillo de la Audiencia Provincial de León, acepta una pena de cuatro años de inhabilitación especial para desempeño de empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación con un "atenuante muy cualificado de dilaciones indebidas" durante su etapa al frente del Ayuntamiento, entre 2007 y 2011.

La misma pena asume Justina Rodríguez como cooperadora necesaria en este delito. Se trata de una empleada municipal que también estaba llamada a sentarse en el banquillo una empleada municipal, concretamente una agente de desarrollo local que ejerció como secretaria sin serlo y que el fiscal consideraba que debía enfrentarse a similares cargos que el exalcalde.

Además, ambos asumen el pago de 208.000 euros por la responsabilidad civil y los perjuicios "globales" causados al Ayuntamiento. 60.000 euros ya los han abonado los acusados de forma subsidiaria, mientras que los 148.000 restantes salen de otro punto del acuerdo en el que la empleada municipal renuncia al pleito que mantenía con el Ayuntamiento por un préstamo que le había realizado con anterioridad.

Antes de que las partes llegasen al citado acuerdo, el fiscal proponía en sus conclusiones provisionales hasta dos alternativas (una de ellas contempla también un delito de usurpación de funciones públicas) y una pena máxima de hasta 15 meses de prisión, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público.