El Juzgado de Instrucción número 5 de León emitió un auto el pasado 17 de octubre por el que se inhibía a favor del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional para que sea este tribunal el que continúe con la investigación del posible nexo de unión entre el contrato del agua suscrito por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo en el año 2010 y la operación Pokemon, por la que se está investigando a varios alcaldes y técnicos de municipios gallegos y asturianos por un presunto delito de prevaricación. Una cuestión que ya hizo que el Juzgado de Lugo se inhibiera y es ahora el de León el que toma la misma medida puesto que estima que existen "semejanzas" entre ambos casos, por lo que afectaría a la regidora de la localidad del alfoz, María Eugenia Gancedo, que ya era entonces alcaldesa de San Andrés del Rabanedo.

En el auto, el juez considera que "de las diligencias de investigación hasta ahora practicadas se infiere que la conducta denunciada pudiera ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación que guarda relación con lo investigado en la instrucción del caso Pokemon".

La alcaldesa ya ha recurrido la inhibición del Juzgado de León puesto que rechaza que haya alguna vinculación
También se destaca que existe "un modus operandi similar" en las empresas de la trama investigada en Galicia y Asturias y en este caso, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por IU, que después fue apreciada por el Juzgado de Instrucción número 5 de León. Es más, en el auto se recuerda que se ha detectado "una semejanza" por las «ilícitas adjudicaciones en contra del principio de igualdad, competencia y libertad de concurrencia, defraudando la regularidad y transparencia de la contratación administrativa", referidos a la similitud entre los contratos que se establecieron con la empresa Aquagest (ahora Aquona) en Galicia y Asturias y el que se amplió entre Centaria (filial de la primera y que luego fue absorbida en julio de 2010) y el Ayuntamiento de San Andrés, algo que ya había apuntado la Policía Nacional en un informe previo en el que resaltaba que se podría tratar del mismo "modus operandi".

Los hechos investigados en la localidad del alfoz se remontan al año 2010, cuando Gancedo amplió el contrato del servicio del agua por 15 años más a la empresa concesionaria, pese a que había informes con reparos del interventor, además de que el contrato expiraba en 2031, algo que finalmente se aprobó en un polémico pleno el 3 de septiembre y ratificado en una posterior junta de gobierno local. A cambio, el Consistorio recibió dos millones y condonó una deuda de la misma cantidad.

Gancedo se muestra "tranquila"

Pese a que el Juzgado de León también ve indicios de que el contrato suscrito en San Andrés presenta semejanzas con los detectados en la operación Pokemon, de ahí su remisión a la Audiencia Nacional, fuentes del Ayuntamiento apuntaron ayer que la alcaldesa se muestra "tranquila". De hecho, María Eugenia Gancedo recordó que la Policía ya investigó su situación, por lo que rechazó que haya "vinculación" entre el contrato de San Andrés y los de la trama en Asturias y Galicia. Negó de nuevo que haya recibido algún regalo o que familiares suyos hayan sido contratados por alguna empresa relacionada con las de la operación, y achacó esta situación a "intereses políticos de IU". La regidora también confirmó que había presentado un recurso ante la Audiencia Provincial por la inhibición del Juzgado de Instrucción número 5 de León puesto que asegura que no hay nexo entre los contratos.