En situación de rebeldía
En sus conclusiones, previas a la apertura de juicio oral, el fiscal explica que el hombre y su pareja se pusieron de acuerdo con la hermana de ella –contra la que no se dirige la acusación por encontrarse en situación de rebeldía– para captar a mujeres extranjeras para que ejercieran la prostitución aprovechando su precaria situación económica y social. Él, asegura, ejercía la función de jefatura en el club y «organizaba la estructura criminal» al fijar las condiciones del ejercicio de la prostitución. Además, también financiaba los viajes de las mujeres que venían a trabajar al local y las trasladaba a León desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Efectuó también envíos de dinero entre julio de 2010 a enero de 2019 por un total de 19.333 euros con la finalidad de pagar los desplazamientos de estas mujeres. Envíos entre los que destacan tres en 2015 por un importe total de 4.362 euros y otros cinco más en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 por la cantidad de 2.614 euros. Por su parte, la acusada realizaba –según la Fiscalía– las funciones de control del ejercicio de la prostitución de las víctimas, las presionaba para que trabajaran y saldaran la deuda, sustituía al hombre cuando no estaba y también enviaba dinero para financiar el viaje de estas mujeres. Entre 2010 y 2020, por ejemplo, envió 127.000 euros en cantidades que oscilaban entre los 900 y 3.000 euros para sufragar los traslados de las víctimas que iban a trabajar en el club. Además, también figura como receptora de un importe de 14.741 euros.
Respecto a la hermana de la acusada, la Fiscalía señala que realizaba funciones de captación en Ciudad del Este (Paraguay), gestionaba el viaje y trasladaba a las víctimas al aeropuerto para volar hacia España. Era, además, la principal receptora de los pagos enviados desde España, en muchas ocasiones por mujeres que ejercían la prostitución en el club, especialmente desde el año 2017, en el que fue expulsada de España por una infracción a la Ley de Extranjería. Consta que recibió 60.440 euros procedentes de España de los que 20.324 habrían sido enviados entre 2011 y 2020 por la mujer que se sentará este lunes en el banquillo. Además, también envió dinero a este país por importe de 22.607 euros.
Condiciones de trabajo
Las víctimas, una vez en España, eran trasladadas a León, al club, donde les explicaban las condiciones de trabajo, similares en todos los casos. Por las copas tenían que cobrar 20 euros de los que seis eran para el establecimiento, los pases cobraban 50 euros y del primero, 25 eran para la ‘casa’, destinados a su alojamiento y manutención de lunes a jueves. Los viernes, sábados y domingos tenían que pagar 50 euros. Después, del resto de pases se pagaba al club la cantidad de cinco euros en concepto de sábana. Para salir del local debían abonar 80 euros, compartían habitación con otras chicas, les cobraban diez euros por el wifi y el horario de trabajo abarcaba de las 18 a las 3 de la madrugada entre semana y de 18 a 4:30 horas los sábados y domingos, descansando un día. Si bien en otros de los casos se hace referencia a que el primer horario era únicamente de lunes a miércoles, mientras que los jueves y viernes el de salida era a las 4 horas y los sábados y domingos a las 5 de la madrugada.
En el escrito se explica también que el acusado incrementó la deuda de alguna de las chicas, que no percibían ningún tipo de retribución hasta que las saldaban y tampoco podían disfrutar de días libres ni abandonar el club, o que las utilizaban para enviar dinero a sus nombres. A una de ellas, además, le impusieron una multa de cien euros por ausentarse tres días del club y en otros de los casos se incide en que la acusada las trataba de forma humillante, vigilaba los horarios y, junto a su pareja, recibía el dinero que los clientes entregaban a las chicas, a las que presionaban para trabajar y saldar la deuda aunque se encontraran cansadas y a no parar incluso durante el periodo menstrual, diciéndoles cómo debían hacerlo.
Entrada y registro
La entrada y registro en el club por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autorizada judicialmente, se practicó en octubre de 2020. En ella se intervinieron en la oficina y en dos habitaciones 8.695 euros en dinero fraccionado, documentación donde se controlaba los servicios con los clientes, una carpeta con 13 fotocopias de pasaportes de mujeres, agendas correspondientes a los años 2016, 2017 y 2019 en las que se apuntaban los beneficios obtenidos, recibos de envío de dinero, tarjetas de embarque, reservas de alojamiento en hotel y reservas de vuelo. Por su parte, en la vivienda del acusado intervinieron 18.000 euros procedentes de «la actividad ilícita de explotación de las víctimas», en su mayoría en billetes de 50 euros.
Clausura del local
En su escrito de conclusiones el fiscal recoge también que «debe acordarse la clausura definitiva del local de alterne» en virtud del artículo 194 del Código Penal y que, además de las penas de cárcel reclamadas, que rondan los 60 años, los dos acusados deben indemnizar conjunta, directa y solidariamente a cada una de las chicas –testigos protegidos en este procedimiento– en la cantidad de 6.000 euros.