Piden 3 años de cárcel a la expresidenta de una asociación por "estafar" a 2 familias

Según el fiscal, cobró 17.200€ por ‘mover’ unas acciones judiciales que no tuvieron lugar y convenció a un hombre para custodiar su libreta bancaria y sacó 8.309€

R. Álvarez
24/09/2022
 Actualizado a 24/09/2022
La Audiencia Provincial de León acogerá el lunes y martes, 26 y 27 de septiembre, un juicio por un «delito continuado de estafa». La acusada, según se expone en las conclusiones provisionales del fiscal, es una mujer que ejerció como presidenta de una asociación leonesa y que entre el periodo comprendido entre febrero de 2009 y marzo de 2016 aprovechó «su cargo y la buena imagen y notoriedad que había adquirido dicha asociación» para «generar confusión sobre su condición de psicóloga», titulación que no tenía. Empezó así a ofrecer servicios en su domicilio familiar, «en cuyo despacho exhibía diplomas de enseñanzas no regladas sobre trastornos», recursos humanos «o introducción al Derecho Civil o Mercantil», todo ello «con la finalidad de dar apariencia de profesionalidad».

Sus actos, según la Fiscalía, afectaron en concreto a dos familias, de las que consiguió importantes sumas de dinero. A principios de 2009 la acusada conoció a una mujer cuya hija padecía un trastorno. Inicialmente le propuso iniciar un tratamiento en la asociación para, más tarde, prestarse a llevar a la joven a su domicilio «en régimen de internado» para prestarle su ayuda a cambio de un precio de 1.200 euros al mes, «destinados a la asociación, según le hizo creer al principio, y después a ella misma, dado que pasaba a encargarse personalmente de su cuidado y manutención». La chica convivió con la acusada y su familia desde el 12 de febrero de 2009 hasta el 24 de julio de 2013, tiempo en el que se estableció una relación de confianza entre ellas dos y la madre. Gracias a esta relación supo que la joven había sufrido un accidente en el colegio en el año 2007 y convenció a la madre para que reclamase judicialmente una indemnización al centro escolar. Se ofreció entonces a contratar –«sin tener intención de hacerlo», remarca el fiscal– a los profesionales adecuados para entablar las acciones judiciales y le pidió para ello la entrega de diferentes cantidades de dinero que sumaron un total de 17.200 euros. El dinero se ingresó en una cuenta a nombre de la acusada y su marido y en otra exclusivamente a su nombre con los conceptos de «depósito juzgados», «destino juzgados» y también en efectivo, obteniendo un recibo por «abogado».

La acusada, incide la Fiscalía, informó a la madre de que la sentencia les había sido favorable y de que habían obtenido una «cuantiosa indemnización», pero se estaban tramitando recursos que dilataban el cobro del dinero. Finalmente, la madre «averiguó que el juicio había sido una falacia» y no recuperó el dinero, que la acusada le explicó por carta el 22 de enero de 2015 que «le debía» por el cuidado y manutención de su hija.

El otro caso que se explica en las conclusiones provisionales del fiscal se remonta a septiembre de 2015, cuando la acusada aprovechó la confianza que tenía con una mujer –por ser ambas parte de la asociación de padres de alumnos del colegio al que iban sus hijos– para ofrecerse a atender a su hermano, que estaba en tratamiento médico. Se hizo cargo de su «cuidado, asistencia en sus gestiones cotidianas y el seguimiento de una terapia que le ayudase a razón de 1.400 euros al mes durante seis meses». Se lo llevó a su domicilio familiar, le impuso tareas «supuestamente de rehabilitación» y, finalmente, lo convenció «para custodiar su libreta bancaria» y firmar el 21 de septiembre de 2015 «una autorización para sacar dinero, acceder a sus cuentas y gestionar sus seguros». Además, otorgó a su favor un «poder general de administración y disposición en la notaría» y comenzó a hacer cargos y detraer dinero de la cuenta de la que el hombre era titular, sin que él –sostiene el fiscal– fuera «capaz de comprender su alcance ni de percatarse de que la acusada se fue quedando con dinero suyo injustificadamente hasta alcanzar un total de 8.309 euros».

Delito con agravante

Por todo lo descrito, la Fiscalía considera que la mujer es autora de un «delito continuado de estafa» en el que concurre la circunstancia agravante de abuso de confianza y por el que le pide la pena de tres años de prisión más las costas derivadas del procedimiento.

Por otra parte, en su escrito el fiscal interesa el «sobreseimiento provisional de la causa» respecto al marido de la acusada, investigado, al considerar que «no ha quedado acreditado de forma suficiente» que participase de forma alguna en los hechos «ni siquiera que tuviera conocimiento del plan urdido por la acusada para obtener un beneficio patrimonial ilícito» a través del «engaño» a la madre de la joven que convivió con ella y su familia. A esto añade que «tampoco ha quedado acreditado» que este hombre hubiera «dispuesto de la transferencia en la que figuraba él como beneficiario, dado que la acusada era también titular de la cuenta en la que se hizo».

Las dos sesiones en la Audiencia Provincial en las que se juzgarán los hechos arrancarán a las 9:30 horas.
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