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El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, la medida 'estrella' de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, para esta legislatura.
Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, la norma aterrizará en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno espera conseguir los apoyos suficientes para sacarla adelante, pese a la enmienda a la totalidad de Junts y las reticencias del Partido Popular (PP).
El visto bueno del Gobierno a la rebaja de jornada, acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, con la oposición de las patronales CEOE y Cepyme, se produce más de dos meses después de su aprobación como anteproyecto de ley y tras los informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES).
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Yolanda Díaz ha destacado que 12,5 millones de trabajadores asalariados se beneficiarán de esta reducción de jornada laboral, de los cuales 6,8 millones son hombres y 5,7 millones, mujeres.
Los trabajadores sin convenio colectivo serán los más beneficiados, especialmente en sectores como hostelería, comercio, agricultura y servicios, donde aún predominan las 40 horas semanales.
Díaz detalló que 10,5 millones son trabajadores a tiempo completo y algo más de dos millones, a tiempo parcial. Las comunidades más beneficiadas serán Andalucía, Madrid y Cataluña.
"Hoy modernizamos las empresas españolas y el mundo del trabajo", afirmó Díaz, quien considera que esta medida ayudará a mejorar la calidad de vida y la felicidad de la ciudadanía.
La vicepresidenta subrayó que el Ejecutivo "ha cumplido" y que esta norma "no tiene vuelta atrás", llamando al PP a posicionarse claramente sobre si apoyará o bloqueará la reforma.
La rebaja de jornada a 37,5 horas semanales es fruto del acuerdo entre Trabajo, CCOO y UGT, mientras que CEOE y Cepyme rechazaron participar al considerar que la jornada debe fijarse por negociación colectiva.
Díaz recordó que toda la patronal española (catalana, galega, extremeña, andaluza) se posicionó en el informe del CES, aprobado por casi unanimidad, y afirmó que "solo unas pocas empresas se resisten a abandonar modelos laborales del siglo XX".
Díaz interpela al PP y defiende el margen para la negociación
La reducción de jornada llega al Congreso en un entorno político tenso. Díaz insiste en preguntar al PP con sus 137 diputados si apoyará una medida que "cambia la vida de la gente".
Díaz respondió también a Junts, indicando que la enmienda de devolución puede ser una herramienta de negociación y que cada comunidad tiene su idiosincrasia. Destacó que la productividad catalana duplica por hora trabajada la media nacional.
"Hay margen para la negociación", insistió, apuntando que nadie se atreve a oponerse públicamente a la reducción de jornada, lo que demuestra que la medida cuenta con apoyo social.
"Nuestra línea roja es que queremos bajar la jornada a 12,5 millones de trabajadores", zanjó la ministra.
Registro horario digital obligatorio y derecho a la desconexión digital
El proyecto de ley incluye una reforma del control horario, que será digital, en tiempo real y deberá implementarse en 6 meses desde la entrada en vigor de la norma.
Los trabajadores deberán registrar su jornada de forma personal, y los sistemas deberán permitir identificación inequívoca, acceso remoto y autenticidad de datos.
Además, se reconoce el derecho irrenunciable a la desconexión digital, para evitar que los empleados respondan correos o llamadas fuera de su jornada.
La norma prevé que las empresas tengan un periodo de adaptación y que los convenios con jornadas superiores a 37,5 horas se ajusten antes del 31 de diciembre.
Las sanciones por incumplimiento del registro horario o de la jornada podrán alcanzar hasta 10.000 euros por trabajador.
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