El sindicato Csif advirtió hoy que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales exige que se refuerce la Inspección de Trabajo para garantizar un control horario efectivo, ya que actualmente existen más de 190.000 horas no remuneradas cada semana en Castilla y León. "Sin Inspección no habrá derecho", aseguró, al precisar que la reducción de la jornada laboral es avanzar en mejoras sociales, por lo que apostó por no dar "ni un paso atrás" en conciliación y salud laboral. A su juicio, la reforma es una oportunidad para mejorar la calidad de vida, repartir el trabajo y lograr un nuevo modelo productivo más justo pero no como una "amenaza" para la empresas.
Con motivo de una jornada formativa en Valladolid con delegados del sector de empresa privada de la Comunidad, el secretario del sector nacional de Csif, Pedro Poves, analizó las últimas reformas legislativas y su impacto directo sobre los derechos laborales en Castilla y León, con especial atención en la inminente implantación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales sin merma salarial.
Según los datos expuestos, esta medida supondrá un cambio estructural para el 88,8 por ciento de los asalariados del sector privado a tiempo completo en Castilla y León, lo que equivale a unos 465.000 trabajadores. La reducción obligatoria, antes del 31 de diciembre de 2025, permitirá que cada persona afectada trabaje unas 70 horas menos al año, equivalentes a dos semanas laborales, en una Comunidad que mantiene aún una media de 38,6 horas semanales.
El encuentro sirvió para abordar otras cuestiones como la nueva regulación de la jubilación parcial anticipada y los permisos retribuidos, que Csif considera que el Gobierno "boicotea" y "dificulta", además de ser de "difícil" aplicación, sobre todo, en las pequeñas empresas. "Mientras se impulsa legislativamente la prolongación de la vida laboral, las consultas de los trabajadores van en la dirección contraria: buscan más conciliación, menos jornada, y jubilación anticipada", señaló Poves.
Csif alertó del riesgo de que las reformas en materia de pensiones y discapacidad no prosperen si se penaliza a las pymes o se desincentiva al trabajador, y propone que los sindicatos se conviertan en aliados estratégicos de las empresas para aumentar la productividad. "Solo así se podrá avanzar hacia una jornada laboral más corta sin perjudicar la viabilidad del tejido productivo", concluyó el sindicato.
Por último, la organización recordó que el salario medio de Castilla y León sigue siendo uno de los más bajos de España y la tasa de pobreza o exclusión social (Arope) ha crecido, hasta situar a Castilla y León como la octava comunidad con mayor porcentaje.