El Tribunal Supremo ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, debido al riesgo "extremo" de fuga que presentan ambos. Esta decisión se produce en el marco de la investigación por presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la adquisición de material sanitario durante la pandemia. La proximidad del juicio y las elevadas penas solicitadas, que podrían alcanzar los 30 años de cárcel, han sido determinantes para esta medida.
Decisión judicial ante el riesgo de fuga
El magistrado instructor del caso, Leopoldo López, ha argumentado que existen indicios sólidos de la comisión de graves delitos por parte de Ábalos y García. Además, considera que el riesgo de que intenten eludir la acción de la justicia es "extremo", lo que hace insuficientes las medidas cautelares que ya pesaban sobre ellos, como la prohibición de salir del país y las comparecencias quincenales en el juzgado.
Esta es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio es encarcelado en España, lo que subraya la gravedad de la situación. La decisión del juez Puente implica comunicar de inmediato la situación a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, tal como establece la ley.
Desarrollo de la audiencia y reacciones
La decisión del Tribunal Supremo se tomó tras revisar las medidas cautelares en una audiencia donde el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y las acusaciones populares, lideradas por el PP, solicitaron el ingreso en prisión de ambos. Argumentaron que la perspectiva de enfrentarse a largas condenas incrementaba exponencialmente el riesgo de fuga.
Ábalos llegó al Tribunal Supremo con antelación, mostrando un semblante preocupado. Aunque no hizo declaraciones a su llegada, al final de la audiencia aseguró al juez que no tenía intención de fugarse, afirmando: "No tengo dinero ni a dónde ir". Fuentes cercanas al exministro lo describen como "destrozado". Durante la espera, se le vio visiblemente nervioso, fumando en los patios del tribunal.
Su abogado, Carlos Bautista, insistió en la ausencia de riesgo de fuga, destacando su condición de diputado y argumentando que la prisión preventiva vulneraría su derecho a la representación política. Además, sugirió que esta medida podría ser una forma de presión para obtener una "declaración colaborativa", como ocurrió con el empresario Víctor de Aldama.
Koldo García, por su parte, llegó acompañado de su abogada, Leticia de la Hoz. Su defensa intentó impugnar la competencia del Tribunal Supremo, buscando que el caso volviera a la Audiencia Nacional. Argumentaron que García tiene arraigo suficiente en España, con una madre mayor y una hija pequeña a su cargo, lo que descartaría una posible fuga. El exasesor también declaró ante el juez, afirmando: "No me voy a ir a ningún sitio" y añadiendo: "Todos tenemos derecho a aprender poco a poco", frase interpretada como un reconocimiento de errores.
Postura de la fiscalía anticorrupción
El fiscal fue especialmente contundente durante la audiencia de Ábalos, señalando que su pertenencia al Gobierno fue lo que facilitó la comisión de los delitos, pero que "ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal". Subrayó que la justicia es imparcial y no debe verse influenciada por el poder político.
Implicaciones del caso y acusaciones
El caso se centra en el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos a Soluciones de Gestión, una empresa vinculada a Víctor de Aldama, para la compra de material sanitario durante la crisis del Covid-19. El pasado 3 de noviembre, el juez Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por estos hechos.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, acusándolos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Además, pide una multa de 3,9 millones de euros.
Las acusaciones populares elevan la petición a 30 años de cárcel para ambos, añadiendo los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. Tanto la Fiscalía como las acusaciones solicitan también 7 años de prisión para Aldama, aunque con una atenuante por su confesión, que fue clave para destapar la trama.
- José Luis Ábalos: Exministro, enfrenta acusaciones de corrupción y riesgo de fuga.
- Koldo García: Exasesor, implicado en la trama de adjudicación de contratos.
- Víctor de Aldama: Empresario, clave en la investigación por su confesión.
Este caso ha generado una gran expectación mediática y política, marcando un precedente al encarcelar a un diputado en ejercicio y poniendo de manifiesto la lucha contra la corrupción en las instituciones.