Hay noticias que no entran por la cabeza, sino por el cuerpo. Llegan como una incomodidad difícil de nombrar. Un caso en Reino Unido. Otro en Francia. Mujeres drogadas durante años. Violencias sostenidas en el tiempo, ocurridas en espacios de intimidad y confianza. Y, alrededor, un silencio espeso que no siempre es casual. No todo lo que ocurre llega a los medios. No todo lo que llega puede contarse. En países como Reino Unido, las víctimas de delitos sexuales tienen derecho al anonimato de por vida. Es una protección necesaria, conquistada tras décadas de revictimización pública. Pero también tiene un efecto secundario del que se habla poco: gran parte de la violencia sexual queda fuera del relato colectivo. Existe, se investiga, se juzga… pero socialmente apenas se ve.
Cuando un caso logra atravesar esa barrera suele ser porque confluyen circunstancias excepcionales: la implicación de una figura pública, la gravedad difícil de ocultar, o la decisión —siempre voluntaria, nunca exigible— de una mujer de renunciar a su anonimato. Ese gesto, profundamente personal, se convierte entonces en un acto político: no solo permite que se conozca su historia, sino que hace visible una estructura que tiende a permanecer oculta. Lo que une muchos de estos casos no es solo la violencia sexual en sí, sino la lógica que la sostiene. No se trata de hechos aislados ni de monstruos individuales. Se trata de dinámicas de control, de apropiación, de cuerpos tratados como territorio. Igual que la tierra explotada, los recursos extraídos o los espacios contaminados lejos de la mirada pública, el cuerpo de las mujeres ha sido históricamente considerado un espacio disponible, gestionable, silencioso.
Por eso estas violencias suelen darse en el ámbito privado: en la pareja, en el hogar, en relaciones de confianza. Son violencias que no siempre dejan marcas visibles, que no responden al imaginario del ataque súbito en la calle. Son violencias lentas, sostenidas, que avanzan precisamente porque no hacen ruido. Porque ocurren donde nadie mira.
El uso de sustancias para anular la voluntad forma parte de esa misma lógica extrema de dominación. Más allá de los detalles —que no necesitan ser descritos para comprender la gravedad— lo que se pone en juego es la anulación radical del consentimiento, la conversión del cuerpo en objeto. No es morbo lo que debería interpelarnos, sino la naturalidad con la que estos daños pueden mantenerse durante años sin ser vistos.
Aquí surge una tensión incómoda pero necesaria: la protección de las víctimas es irrenunciable, pero el silencio estructural también protege al sistema que permite la violencia. No se trata de pedir a las mujeres que hablen, ni de exponerlas, ni de convertir su dolor en espectáculo. Se trata de preguntarnos como sociedad qué condiciones hacen posible que estas violencias existan y se repitan sin ser reconocidas como un problema colectivo.
Mientras sigamos pensando cada caso como una excepción, como algo ajeno, como una anomalía, la violencia seguirá operando con ventaja.
Porque lo que no se nombra no existe políticamente. Y lo que no existe no se transforma.
Quizá la pregunta no sea solo cuántos casos hay, sino cuántos no conocemos. Y qué estamos dispuestas a hacer para mirar de frente, sin morbo y sin apartar los ojos, aquello que ocurre cuando el daño se esconde en lo íntimo y en el silencio.