Verifactu se ha querido vender como un avance para atar facturas, reducir fraude y modernizar la administración tributaria. Pero si uno mira la reforma con la lupa de lo cotidiano, no puede evitar pensar en otra imagen. La de un ojo gigante que vigila en tiempo real cada entrada y salida de dinero, transformando a millones de autónomos y pequeñas empresas en sujetos sometidos a escrutinio continuo en lugar de ser vistos, ante todo, como generadores de riqueza y empleo. En España hay más de tres millones y medio de autónomos y el trabajo por cuenta propia representa sobre el 15 % del PIB y cerca del 16% del empleo. No es una ‘anécdota’ del sistema productivo, es uno de sus pilares.
Esa realidad estadística no es simple dato. Son comercios, talleres, despachos profesionales y pequeños negocios que sostienen barrios enteros y que, mes a mes, luchan por cuadrar ingresos, impuestos y costes crecientes. Para muchos de ellos, digitalizarse no es una apuesta estratégica sino una obligación que se paga con sacrificio. Por eso resulta difícil de digerir que numerosas pequeñas empresas hayan tenido que afrontar el desembolso de adaptar sus sistemas de facturación para cumplir con Verifactu y que, a apenas un mes de la fecha prevista para su implantación obligatoria, se anuncie una moratoria que cambia de nuevo las reglas del juego, dejando a pymes y a desarrolladores de software en una absoluta incertidumbre.
No se trata de demonizar la tecnología ni de negar que la transparencia sea necesaria. Se trata de poner la reforma en su contexto humano y económico. La digitalización, si se implanta con sentido, puede otorgar ventajas competitivas a quien la adopta, pero también puede castigar de forma desproporcionada a quien vive de márgenes estrechos. Y cuando la administración dispone de acceso inmediato a facturas, el riesgo simbólico es real. La medida tiende a convertir la precaución en sospecha, y a tratar al autónomo como a un presunto defraudador en lugar de como un generador de riqueza. Sin autónomos y pymes, la economía española sería mucho más pobre, menos dinámica y con menos oportunidades. Premiar la iniciativa y la capacidad de riesgo debe ser el objetivo, no presuponer delitos e implantar una vigilancia que estigmatiza.
Quienes diseñan las reglas deben asumir que imponer tecnología es también una cuestión de equidad. Es imprescindible acompañar la obligación con apoyos, plazos realistas, formación y sentido común. La moratoria es una oportunidad para corregir, no una excusa para volver a improvisar. Apoyar la modernización fiscal no obliga a renunciar a la sensibilidad económica. Podemos y debemos exigir que la lucha contra el fraude sea eficaz, pero sin convertir la transparencia en un Gran Hermano que fiscalice en tiempo real al pequeño empresario. La mejor política pro-crecimiento es aquella que premia el esfuerzo, protege la liquidez y acompasa la ambición tecnológica con la capacidad real de quienes sostienen la actividad productiva del país.