Cada madre y padre decide, faltaría más, dónde pone el escudo protector para cubrir a sus hijos. No se puede estar con la guardia alta constantemente, así que cada cual hace una apuesta por desactivar varios pero no todos (porque es imposible) de los riesgos más acuciantes para el bienestar infantil: el tráfico, la alimentación, las actividades deportivas de riesgo, las conductas antisociales y de unas décadas a esta parte el acceso a dispositivos electrónicos y muy especialmente la participación en redes sociales.
Las autoridades intervienen decididamente en muchos de esos ámbitos de manera tajante con éxito. Lo que se podría llamar «a la salud por la prohibición». Sucede con el consumo de alcohol o la conducción de vehículos a motor. Porque cuerpo y mente chavalares, en construcción, son delicados y no procesan bien sus riesgos sin consecuencias negativas. Por eso parece que la decisión recientemente anunciada de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de dieciséis años suena a medida de calado necesaria.
Esto no va de la habitual polémica de libertarios contra apadrinados, porque esa, hoy, solo tiene sentido en los mayores de edad y aquí hablamos de menores de dieciséis años. Esto tampoco va de posicionarse sobre qué estilo educativo es mejor, si el de Ana Aznar regido por la opinión de que los niños de padres permisivos tienen más posibilidades de que les vaya mal en la vida o el de Marina Perezagua, quien no quiere permitir que el sistema rompa el carácter natural de los niños para docilizarlos. Esto va de que no les caiga a los pequeños un rayo demasiado fuerte que les parta en dos.
Por supuesto que la prohibición sin formación, sin medios técnicos, sin control parental y sin conciencia social no tendría el alcance que se espera. Pero es que en lo demás ya se ha abundado y avanzado mucho sin resultados demasiado celebrables. Esta vuelta de tuerca por la parte legislativa era necesaria, que triste sería acabar con un Colegio Público Mark Zuckerberg al lado de casa.
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