Con motivo de las próximas elecciones a la Junta, las formaciones políticas vuelven a acercarse al tejido asociativo en busca de apoyo y votos. Sin embargo, en el ecosistema de la atención social existe una paradoja cruel a la que ningún programa electoral parece dar respuesta. Quienes están más cerca del problema son, a menudo, los que más lejos se encuentran de los recursos para solucionarlo.
Las pequeñas y medianas asociaciones realizamos un trabajo de trinchera. Llegamos a nichos de vulnerabilidad con una cercanía que las grandes macroestructuras, por su propia naturaleza y tamaño, no logran alcanzar. Somos la red de seguridad más próxima al ciudadano, pero el actual sistema burocrático de la administración nos está asfixiando.
El caso más flagrante es el acceso a los fondos del 0,7 % del IRPF. Las convocatorias parecen diseñadas a medida para las grandes ONG. Se nos imponen porcentajes de cofinanciación y presupuestos mínimos inasumibles para una entidad de barrio o un colectivo especializado. La administración suele escudarse en que la normativa estatal exige un rigor estricto, pero omiten un detalle fundamental: Es la Junta quien redacta las bases.
El sistema actual premia el volumen administrativo y penaliza la especialización. La administración defiende que las grandes entidades ofrecen economías de escala y llegan a más personas por euro invertido. Pero la economía de escala funciona en las fábricas, no en el trato humano. Atender necesidades concretas requiere tiempo, hiperespecialización y un vínculo de confianza que no se puede automatizar. Lo que las instituciones no calculan es que nuestro trabajo preventivo a pie de calle ahorraría millones de euros al sistema sanitario y de servicios sociales a medio y largo plazo. Ese ahorro diferido es el mayor impacto que la Junta puede conseguir, y los baremos de las subvenciones deberían empezar a puntuarlo.
A este laberinto de papeleo se suma la asfixia burocrática y la incomprensión sobre cómo funciona una organización. Las entidades de base invertimos un tiempo precioso en tramitar, subsanar y justificar ayudas, un tiempo que le robamos a la atención directa de nuestros usuarios. Se nos obliga a sobrevivir de proyecto en proyecto, negando la financiación estructural. Se nos dice que la ley solo permite financiar actividades concretas, pero es imposible ejecutar un proyecto sin dinero de ningún tipo, teniendo que cobrar a nuestros usuarios lo mínimo posible. Si la administración nos utiliza como red de contención social subsidiaria, lo mínimo es que las convocatorias amplíen el porcentaje permitido para gastos.
Por todo ello, desde las asociaciones de base queremos lanzar un mensaje claro y directo a todos los partidos políticos que hoy nos piden el voto. Ha llegado el momento de dejar de lado el ruido, las promesas vacías y el estéril «y tú más». Exigimos un compromiso firme, real y por escrito en sus programas.
Las realidades que atendemos a diario no entienden de disputas partidistas ni de tiempos legislativos. Los enfermos de Parkinson, las Personas Altamente Sensibles (PAS), los pacientes con enfermedades raras y tantos otros colectivos invisibilizados tienen tantas necesidades como aquellos amparados por las grandes plataformas. Pedimos igualdad.
Las entidades de proximidad no pedimos un trato de favor. Pedimos equidad, proporcionalidad normativa y que se nos escuche de forma directa. Ajustar las bases reguladoras es un paso técnico sencillo, pero de él depende que miles de vulnerables no se queden sin la atención cercana que merecen.
Belén Arén es presidenta de Activos y Felices