La transición que sustituye cientos de chimeneas

La futura red de calor de León ha abierto un debate sobre cómo descarbonizar la calefacción de la ciudad. Desde Avebiomconsideramos que ese debate debe partir de una comparación realista: la nueva instalación no sustituirá a una ciudad sin emisiones, sino a cientos o miles de calderas y chimeneas dispersas, muchas de ellas antiguas, menos eficientes y sometidas a controles menos exigentes. También debemos analizar con datos cuestiones como las pérdidas de calor, las emisiones y el origen de la biomasa.

El calor tiene tendencia a escapar, pero la tecnología ha avanzado mucho. Las tuberías preaisladas modernas instaladas en las nuevas redes de calor siguen la norma europea EN 13941, referencia en Europa para el diseño y la instalación de sistemas de tuberías preaisladas.

Una red de calor moderna y optimizada tiene pérdidas inferiores al 5 %, equivalentes a entre 5 y 10 W/m. Estas pérdidas son tan bajas porque las conducciones incorporan, además de la tubería de acero por la que circula el agua caliente, una capa de espuma rígida de poliuretano de alta densidad y una camisa exterior de polietileno de alta densidad. También cuentan con sistemas de detección de humedad para evitar el deterioro del aislamiento. La espuma de poliuretano presenta una conductividad térmica muy baja, aproximadamente de 0,022 a 0,028 W/m·K.

Está probado que estas tuberías mantienen unas pérdidas reducidas durante décadas. Además, las redes reciben un mantenimiento continuo por parte de la empresa explotadora, que puede detectar y reemplazar cualquier tramo que presente pérdidas por envejecimiento. Las calderas de una red de calor generan emisiones, sí. Pero esa nueva fuente sustituye a cientos o miles de chimeneas, dependiendo del número de viviendas conectadas. También puede reemplazar calderas industriales o las de instalaciones como hospitales, que suelen disponer de equipos de gran potencia.

La ventaja no reside únicamente en retirar un gran número de chimeneas. La nueva instalación emplea tecnología moderna y es mantenida prácticamente a diario por profesionales de la empresa encargada de su operación. Sustituye, además, calderas que pueden llevar muchos años funcionando y utilizar tecnologías muy contaminantes, como ocurre con numerosos equipos de gasóleo.

Por tanto, no es correcto afirmar que aparecerá una fuente de emisiones donde antes no existía ninguna. Las emisiones ya existen, pero están dispersas entre cientos o miles de puntos, muchos de ellos antiguos, con menor control y peor mantenimiento. La red los sustituye por un único foco moderno, vigilado y sometido a requisitos de control mucho más estrictos.  Cuanto mayor es la potencia de una caldera, más rigurosas son las restricciones normativas y mayor es la supervisión de las autoridades. Como referencia, una pequeña caldera de una vivienda o comunidad de propietarios, con una potencia inferior a 500 kW, se rige por el Reglamento europeo de Ecodiseño 2015/1189. El límite de partículas de su clase más estricta es de 40 mg/Nm³.

Las instalaciones de redes de calor se encuadran normalmente, por su potencia, en la normativa sobre instalaciones de combustión medianas, de 1 a 50 MW: el Real Decreto 1042/2017, que incorpora la Directiva europea 2015/2193. Para una instalación nueva, el límite de partículas es de 20 mg/Nm³. Así que las grandes instalaciones no solo disponen de tecnología más avanzada, sino que están sometidas a límites más exigentes.

El aire que respirarán nuestros hijos será de mejor calidad si sustituimos cientos o miles de chimeneas y calderas obsoletas por una instalación de última generación. El tráfico asociado al suministro de biomasa también debe analizarse con datos. Estas instalaciones se emplazan normalmente en zonas preparadas para recibirlo, como polígonos industriales. Los proyectos suelen incluir obras para construir o mejorar los accesos y facilitar la circulación.

En cuanto a la supuesta presión sobre los recursos forestales, los montes españoles llevan infrautilizados más de cuarenta años debido al cambio del modelo de vida, la migración hacia las ciudades y el abandono de la leña como fuente habitual de calefacción fuera de las zonas rurales.

Según el Inventario Nacional Forestal, España tenía en 1996 unos 594 millones de metros cúbicos de madera acumulada. En 2020, el IFN4 contabilizaba 1.100 millones. Este crecimiento se explica porque, de media, solo se aprovecha el 35 % del incremento anual, cifrado en unos 46 millones de metros cúbicos. Castilla y León es la comunidad con mayor superficie forestal arbolada de España: 3.286.234 hectáreas, el 35,2 % de su territorio. Su stock de madera pasó de 153.771.858 metros cúbicos en 2004 a 219.237.182 en 2020.

El problema que contemplamos cada verano es que semejante acumulación de madera y biomasa contribuye a generar incendios prácticamente inextinguibles. Utilizar biomasa de los montes cercanos permite sufragar parte de las labores de limpieza que ahora solo se realizan de manera puntual.

La biomasa empleada en redes de calor de más de 7,5 MW debe estar certificada en sostenibilidad conforme a la Directiva de Energías Renovables III, actualmente en fase de transposición en España. La destinada a bioenergía no procede de cortas finales de árboles con valor para otros usos, como la fabricación de muebles, sino de cortas de mejora: árboles pequeños, muertos o sin valor comercial.

Todo aprovechamiento de biomasa está supeditada a la autorización de la Administración y a los planes de ordenación de los montes. Estos determinan la cantidad de madera que puede cortarse sin comprometer su conservación. En ningún caso se puede tomar una cantidad que ponga en riesgo el futuro del monte.

El principal objetivo de esos planes es conservar el monte y favorecer la vegetación más avanzada que permita la calidad del suelo. Establecen calendarios de corta según el turno de cada especie para renovar todos los pies durante el periodo previsto. De hecho, la última corta se denomina muchas veces «corta de regeneración», porque resulta necesaria para asegurar la regeneración natural. Los planes procuran también que la extracción de biomasa y madera sea homogénea a lo largo del tiempo.

La normativa europea –incluidos el régimen de comercio de derechos de emisión y las directivas RED II y RED III– diferencia el CO₂ biogénico de la biomasa del carbono fósil. La biomasa sostenible libera al quemarse un carbono que la vegetación había absorbido durante su crecimiento y que puede volver a fijarse con la regeneración del monte. Esto no significa que su huella sea cero: también deben contabilizarse las emisiones derivadas de su aprovechamiento, preparación y transporte. Cuando se utiliza biomasa sostenible de montes cercanos, estas emisiones son reducidas y el ahorro respecto a los combustibles fósiles puede rondar el 95 %.

No debemos confundir el balance de carbono con la huella de ciclo de vida. La solar y la eólica no emiten CO₂ al generar electricidad, pero la fabricación, el transporte y la instalación de sus equipos sí producen emisiones. Del mismo modo, la biomasa sostenible recircula carbono biogénico, aunque su aprovechamiento, preparación y transporte también dejan una huella. Aun contabilizando estas emisiones, la huella de las renovables es, en general, muy inferior a la de los combustibles fósiles.

Por otra parte, ya existen tecnologías de captura de CO₂ capaces de transformar las emisiones de las plantas de bioenergía en emisiones negativas. La Comisión Europea lleva años desarrollando la legislación necesaria para regularlas y promoverlas. Estas soluciones requerirán un tamaño mínimo para resultar rentables y no se instalarán en todas las plantas, pero pueden ser muy interesantes a partir de determinada escala. Muchos expertos consideran que, sin tecnologías de emisiones negativas como BECCS o biochar, no será posible alcanzar los objetivos de descarbonización de España y la Unión Europea. No existen muchas alternativas renovables capaces de suministrar calor a esta escala. La energía solar térmica exigiría una enorme superficie para cubrir toda la demanda. La geotermia puede ser una opción en lugares concretos donde se den las condiciones adecuadas, pero son pocos en España y no permiten alcanzar fácilmente potencias tan elevadas.

La aerotermia consume electricidad y se considera renovable por su rendimiento, aunque la energía procedente de la red no sea todavía cien por cien renovable. En las zonas frías, además, su rendimiento varía con la temperatura exterior y empeora cuando más calor se necesita. Para cubrir la misma demanda sería necesario instalar mucha potencia, lo que encarecería considerablemente el sistema. También resulta complejo incorporar semejante demanda térmica a unas redes eléctricas que ya presentan saturación y dificultades para admitir nuevos consumos. A la demanda ordinaria de viviendas y empresas se suma la futura electrificación de la movilidad. La falta de capacidad de la red eléctrica ya ha llegado a poner en riesgo la construcción de 116.000 viviendas en Madrid.

Sí existen alternativas complementarias. Una red de calor grande puede integrar varias tecnologías, como es habitual en otros países europeos. Puede combinar biomasa y aerotermia o aprovechar el calor sobrante de una industria cercana. La utilización de calor residual industrial es una práctica habitual y ya se aplica en varias redes españolas. Ese es precisamente uno de los grandes valores de una red de calor: permite incorporar progresivamente diferentes fuentes renovables o de calor residual sin obligar a sustituir los sistemas individuales de miles de edificios.

León merece un debate profundo, transparente y basado en datos. Pero ese debate debe comparar la red proyectada con la situación real que sustituye: cientos o miles de calderas, muchas de ellas antiguas, dispersas, menos eficientes y sometidas a límites de emisión menos exigentes.

En definitiva, la pregunta adecuada no es si aparecerá una chimenea, sino cuántas desaparecerán, qué emisiones dejarán de producir y qué tecnología permitirá suministrar calor renovable, controlado y eficiente durante las próximas décadas.

Javier Díaz es presidente de la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom)