Hay una forma antigua de querer a alguien, que consiste en acompañarlo al andén. Se cargan las maletas, se dicen las cosas pequeñas que sostienen a las grandes y, cuando el tren arranca, se levanta la mano hasta que el último vagón se disuelve en el horizonte. Durante generaciones, esa mano levantada era un gesto de ternura. Esta noche, en España, es una pregunta sin respuesta.
A las 8:53 de la mañana, entre Los Yébenes y Urda, en esa Mancha de llanura infinita donde nada debería interponerse en el camino de nadie, dos trenes de alta velocidad se encontraron en la misma vía. Al cierre de estas líneas se cuentan al menos 68 muertos y más de cien heridos, muchos de ellos graves. Cada número es una maleta que no se abrirá, una llamada que no se hará y una silla que mañana quedará vacía en la mesa del comedor.
Lo que sabemos por ahora basta para que la indignación tenga dónde apoyarse. La maquinista del Iryo hablaba con el centro de control de Adif para reanudar la marcha y, diez minutos después, antes de arrancar, fue embestida por el AVE. Dos trenes. Una vía. Un sistema cuya única razón de existir es impedir que eso ocurra. Y el ministro de Transportes, en lugar de explicarlo, ha tenido que calificarlo de «inexplicable». Es la palabra más honesta que ha pronunciado en mucho tiempo, porque confiesa lo que lleva años negándose: que en su ministerio hay cosas que nadie entiende y nadie controla.
Este no es el primer duelo del año. Hasta el propio Sánchez admite que dos tragedias ferroviarias en un mismo año son inasumibles. Pero lo inasumible, en este Gobierno, se asume con una facilidad pasmosa. Se asume con comunicados, con minutos de silencio, con la mirada grave de quien ensaya el dolor ante la cámara. Y se recuerda, porque la hemeroteca no perdona, aquel día en que Óscar Puente pidió tranquilidad porque las posibilidades de otro accidente como el de Adamuz eran, según dijo, bajísimas. Qué tranquilidad tan cara. Esa frase tiene hoy sesenta y ocho destinatarios que ya no pueden escucharla.
Gobernar un país es, antes que cualquier otra cosa, un contrato de custodia. El ciudadano paga impuestos, cede libertades y obedece leyes a cambio de una promesa mínima y sagrada: que cuando salga de casa, el Estado habrá hecho su parte para que vuelva. Un Gobierno que no puede garantizar eso no tiene derecho a hablarnos de transformación, de relato ni de avance. Ha presumido de red de alta velocidad, de modernidad y de liderazgo, mientras bajo ese barniz de ferrocarril puntero se acumulaban los descuidos, y las vías, que no saben de propaganda, han ido cobrando su factura. Esa es la negligencia que importa, la de gobernar para la foto y no para el andén. La otra, la penal, la determinarán los jueces. La política, la que corresponde a quien manda, ya está sobradamente probada.
Puente dice que no piensa en sí mismo, que solo le importa esclarecer los hechos. Es una frase bien construida y completamente vacía. Hay un momento en la vida de un responsable público en que la dignidad exige dejar de pensar en el cargo y empezar a pensar en los muertos, y ese momento es este. La Plataforma Víctimas Alvia 04155, la de quienes ya cargan con otra tragedia ferroviaria, ha pedido su dimisión. Quien ha sufrido tanto tiene la autoridad que a él le falta. Un ministro que ha convertido las redes sociales en su campo de batalla favorito no puede exigir ahora el respeto solemne que él mismo ha negado a tantos.
Y detrás de Puente, resguardado, está Sánchez. Su respuesta ha sido prometer que «si ha habido negligencias se sabrá» y afirmar, a las pocas horas, que todo indica que las causas no tienen relación con Adamuz. Reparen en la gramática del miedo: el condicional, el «todo indica», el cortafuegos levantado antes de que se enfríen los cuerpos. Esa es la cobardía en su forma más pura, la de quien prefiere vigilar su propio perímetro antes que enfrentarse al país que preside. Un presidente de verdad habría pronunciado una sola frase, que es la más difícil: esto ocurrió bajo mi Gobierno y respondo por ello.
Frente a ese repliegue, se ha visto otra manera de estar. Feijóo ha reclamado en una declaración institucional una investigación gubernamental inmediata y otra judicial, con todos los medios y sin interferencias. Ha pedido una auditoría, porque España tiene derecho a saber qué ocurre con sus infraestructuras. Sin aspavientos, sin mitin, sin convertir el luto en trinchera. Pidió datos donde otros ofrecían adjetivos. Así se comporta quien aspira a presidir un país: con el pulso firme, la voz serena y la convicción de que mandar consiste en dar cuentas, no en esquivarlas.
Esta noche, en las ventanas de media España, hay una luz encendida junto a un teléfono que no suena. Esa luz es la única acusación que importa. Los demás, los ministros, los presidentes y los portavoces, pasarán. La luz permanecerá. Y mientras no sepamos que subir a un tren vuelve a ser lo que fue siempre, un acto trivial, cotidiano e inocente, nadie en este Gobierno tendrá derecho a pedirnos confianza.
Añadir La Nueva Crónica como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.