Leo con asombro el titular de La Nueva Crónica de León que recoge unas declaraciones del delegado territorial de la Junta de León y de Castilla: “Echo en falta algún reconocimiento de UPL al trabajo de la Junta en León».
Permítanme que lo diga con rotundidad: los leoneses y, por ende, UPL, no tienen que reconocer ningún “trabajo” a la Junta. Ésta, como administración que debe gestionar correctamente los recursos públicos, no realiza favores. Tiene la OBLIGACIÓN legal y moral de trabajar por los leoneses al mismo nivel que por el resto de los habitantes de la autonomía. Aunque no lo hace.
En los 41 años de existencia de esta comunidad autónoma, León ha perdido (en números redondos), un 16% de población -casi 80.000 habitantes, según datos del INE-. Comparando con la evolución de las 52 provincias españolas, ocupamos uno de los últimos puestos en evolución demográfica.
La renta per cápita de un leonés es aproximadamente un 20% menos que la de un vallisoletano, (menor también que la de un soriano, un burgalés o un palentino, que sobrepasan la media española): aproximadamente 5.000 euros menos por habitante y año.
A la par, el empleo se estanca, mientras en las provincias castellanas crece de forma notable. León presenta 900 ocupados menos a 1 de enero de 2024 que cuando se constituyó la autonomía en 1982. La tasa de actividad se sitúa por debajo del 50% -la peor tras Orense-. La facturación de las 10 mejores empresas de León ocupa los últimos lugares de la tabla, comparando con la facturación de las 10 mejores empresas de cada una de las provincias autonómicas. Con este panorama es vergonzante que a los leonesistas se les pida “reconocimiento al trabajo de la Junta en León”. Sigamos.
En infraestructuras, en la estación de autobuses, remodelada con entre 8 y 15 millones de euros según distintas fuentes, lo más llamativo ha sido la ingente cantidad de logos serigrafiados (un total de 30, cuyo coste deberían conocer todos los leoneses), en un intento de adoctrinamiento que ya es costumbre (pretenden que, de tanto verlo, se acabe integrando en la colectividad, normalizándolo, pero ni así). Inundar las cristaleras de logos mientras las dársenas no se tocaron, refleja la voluntad de la Junta: postureo.
El conservatorio de música salió adelante gracias a una Proposición No de Ley (PNL) de UPL en 2017. La obra estuvo parada más de dos años. Ahora se retoma la misma, con un proyecto que rebaja el del actual conservatorio, clara señal de la mentalidad regresiva de la Junta. Asume que en León cada vez esperan menos nacimientos, como si la evolución demográfica la tuviesen trazada, fuese inevitable y hubiera que adaptarse a ella. Desarrollar políticas que favorezcan la natalidad y reviertan la pérdida de población en León -obligación recogida en el Artículo 3, desarrollada en el Artículo 78 y la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía- no está dentro de los objetivos de la administración autonómica.
Argumenta el delegado de la Junta que hay 18.000 trabajadores al servicio de la Junta en León. Son 17.384 según el último boletín del ministerio. Sin comparar este dato con el resto es como no decir nada. En la Junta, en Valladolid, trabajan unas 8.500 personas más, hasta completar 25.849. La mayoría, altos cargos, con sueldos acordes a su responsabilidad, pero lejos de lo que reciben aquí los empleados de la misma administración. Consejeros, directores generales, secretarios, asesores y un largo etcétera se concentran en la provincia contigua, que viven y consumen allí. Esa disparidad salarial y en empleo hace que su provincia prospere, mientras la leonesa se estanca o decrece. No se dice que esos 8.500 empleos más se están pagando, en parte, con fondos que la Junta recibe por cada leonés, pero que no llega a los leoneses, como debería suceder, según se recoge en el espíritu de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Según esta Ley, León debería haber recibido en 2025 aproximadamente, 2.700 m€. y recibió poco más de 1.500 que declaran como provincializados. Preguntada la sede autonómica sobre cómo se reparten los fondos que no se asignan a ninguna provincia en los presupuestos (sobre un 40% del total), la Junta, a través de su consejero de Hacienda, respondió que no se puede saber. Declaran no saber a dónde van más de 5.000 m€, contestación que rezuma falsedad, es opaca y muestra una intolerable falta de transparencia. El Hospital de León sigue sin las UCI prometidas en 2021; el Hospital del Bierzo sigue sin UCI, sin oncólogos y sin solución. No basta culpar a la falta general de médicos, ya que es responsabilidad de quienes gobiernan buscar soluciones a este tipo de problemas.
El Parque Agroalimentario prometido en el Bierzo y el centro logístico de Torneros se están construyendo en Valladolid; el Parque Tecnológico continúa con ampliaciones mínimas y dilatadas en el tiempo; los polígonos industriales de toda la provincia carecen de inversiones que reviertan en su crecimiento, salvo uno: el de Villadangos, que es como el algodón mágico que lo limpia todo.
Sugerir que UPL sufra el “síndrome de Estocolmo” y comience a “alabar” lo poco que la Junta invierte en León, es trivializar el compromiso leal de esta formación política con los leoneses. Los militantes de UPL no padecen ninguna psicopatología, sino conciencia ciudadana. No necesitan justificar, como otros, la mala gestión del ente autonómico para preservar su ascenso en la política. En UPL la lealtad está enfocada en el desarrollo socio económico de los habitantes de la Región Leonesa en un proyecto propio que la Junta es incapaz de verbalizar, porque no lo tiene. Resumiendo: se trata de exigir que la Junta cumpla sus obligaciones con los leoneses con eficacia, transparencia y equidad real, según impone el Estatuto de Autonomía, pendiente de cumplirse desde hace cuatro décadas.
En UPL sabemos que la única opción de los leoneses para sobrevivir como pueblo es conseguir la autonomía leonesa, ser dueños de nuestro destino sin tener que “reconocer a la Junta” lo que ni ha hecho, ni va a hacer.
Concejala de Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León