¿Quién sabe?

Cuando algo se rompe, un país se hace siempre la misma pregunta. Es la más elemental que puede formular una comunidad en apuros, ¿quién sabe?

¿Quién sabe qué falló?, ¿quién sabe cómo se arregla y quién sabía, antes, lo que había que vigilar? En Urda, un AVE arrolló a un tren Iryo detenido en la vía. Y la pregunta ha vuelto a flotar sobre las vías, sobre los despachos y sobre los escaños, esperando a alguien que la responda con algo más que las condolencias.

Conviene recordar que hubo un momento en que España supo responderla. A finales de los setenta, con una inflación que devoraba los salarios y una democracia recién estrenada que nadie sabía si resistiría la primera crisis, los políticos de entonces hicieron algo que hoy nos parecería casi exótico, llamaron a quien sabía. Enrique Fuentes Quintana, catedrático de Hacienda Pública, entró en el Gobierno para poner orden en una economía enferma y de su mano se tejieron los Pactos de la Moncloa. No era un hombre del aparato ni un orador de mitin. Era un economista que conocía el problema y que tuvo la autoridad suficiente para plantarse ante los líderes de los partidos y decirles lo que había que hacer. Los políticos pusieron la voluntad, él puso el diagnóstico, y el país salió adelante.

Años después, cuando hubo que construir un sistema sanitario para todos, la tarea recayó en otro hombre de formación y de aula. Ernest Lluch, economista y profesor, sacó adelante desde el Ministerio de Sanidad la ley que creó el sistema nacional de salud que seguimos usando cuando nos duele algo. Nadie le preguntó entonces a quién debía su cargo. Se supo de inmediato que sabía de lo que hablaba, y eso bastó.

Aquellos dos casos no son una anécdota de la Transición. Son la prueba de una forma de gobernar que consiste en reconocer los límites propios y rodearse de quien los supera. El buen político, el de verdad, no es el que sabe de todo. Es el que sabe de qué no sabe y busca a quien sí. Y para buscar a quien sabe hay que haber conocido, aunque sea una vez, el mundo donde se aprende. Hay quien ha pasado su vida entera sin salir del pasillo de la sede del partido, y no hay que decir más, porque quien llega a un ministerio sin haber dirigido nunca nada tiene muy difícil distinguir al experto del charlatán. Los dos hablan con seguridad. Solo uno se equivoca poco.

La mediocridad, conviene decirlo sin rubor, no es una cuestión de edad ni de carrera. Es una cuestión de exigencia. Es la costumbre de que un escaño se ocupe sin haber leído lo que se vota, de que una consigna sustituya al argumento y de que se premie la obediencia antes que el criterio. Esa mediocridad tiene un coste que no aparece en ningún presupuesto pero que acaba pagándose en forma de leyes torpes, obras mal vigiladas y responsables que, ante el desastre, buscan en el diccionario la palabra que mejor los exculpe. Un Parlamento serio debería ser, por definición, el lugar donde se juntan los mejores de cada oficio para decidir lo que afecta a todos. Cuando deja de serlo, el país lo nota, antes o después, en sus infraestructuras.

Que nadie malinterprete esto. No se trata de sustituir la política por la tecnocracia, ni de despreciar a quienes han dedicado su vida a servir. Hace falta oficio político, y mucho, para negociar, para ceder, para explicar a los ciudadanos por qué hay que pagar por algo. Pero ese oficio florece mejor cuando se apoya en otros, cuando quien lo ejerce ha vivido también fuera, ha tenido jefes, clientes, plazos y nóminas inciertas. De ahí sale una política con los pies en la tierra. Y de ahí sale, sobre todo, la humildad de quien sabe que su opinión vale poco frente a la de un ingeniero que ha dedicado treinta años a una vía.

No faltan señales, aunque sean tímidas. Esta misma semana alguien ha tenido el gesto, hoy casi inusual, de reunir a un grupo de expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios antes de hablar, y no después. Convendría que dejara de ser noticia.

Hay remedios sencillos y todos pasan por los partidos y por los votantes. Los partidos deberían abrir sus listas a quienes han hecho algo fuera de ellos, y exigir a quienes aspiran a dirigir un sector que lo conozcan de verdad. Los votantes, por su parte, deberíamos premiar a quien acredita oficio y castigar a quien solo acredita fidelidad. Es una cuestión de higiene, y bastaría con aplicarla de forma sostenida durante una legislatura para notar el cambio.

El país que pudo preguntarse quién sabía y encontrar la respuesta en un catedrático, en un economista y en un jurista no ha cambiado tanto. Lo que ha cambiado es la costumbre de preguntarlo. Recuperarla sería, quizá, el mejor homenaje que podríamos hacerles a quienes subieron a un tren creyendo que alguien, en algún despacho, sabía lo que hacía.