El Ayuntamiento de Ponferrada mantiene una deuda con la Fundación CIUDEN de 141.000 euros por los costes del suministro eléctrico de las oficinas que ocupa en el Edificio Pabellón de Mandos en Compostilla, correspondiente a tres años de consumos; es decir, no ha abonado ni una sola mensualidad de las adeudadas desde que gobiernan.
Fueron requeridos de pago por la Fundación en diciembre de 2025, con apercibimiento de tener que abandonar las oficinas si no abonaban lo adeudado antes del 15 de febrero de 2026. Llegada esta fecha, la deuda no fue abonada y la CIUDEN, lejos de desahuciarlos, propuso una prórroga de seis meses al convenio vencido para que durante ese periodo alcanzaran un acuerdo de pago y pudieran negociar un nuevo convenio. Dicha prórroga finaliza el 18 de agosto de 2026.
En el Pleno celebrado el pasado viernes 20 de marzo de 2026 se llevaba como uno de los puntos del orden del día la aprobación de esta prórroga con el compromiso de pago a plazos por parte del Ayuntamiento de Ponferrada.
Para justificar el impago, por parte del equipo de Gobierno del PP se escenificó una performance de mal pagador llena de falsedades. Y volvieron, una vez más, a lo que ya viene siendo en ellos un clásico: la culpa la tiene Olegario Ramón, que firmó un convenio malo, malísimo, sin control alguno, una hoja en blanco, llegaron a decir, que no hacía cuantificación alguna del coste de ese convenio.
Y todo ello habiendo reconocido el propio equipo de gobierno del PP y por escrito literalmente lo siguiente: “Por los miembros de la Comisión se han valorado los informes técnicos emitidos por cada una de las partes, quedando aclaradas las dudas suscitadas sobre el importe de las facturas pendientes de pago. Se ha considerado por la Comisión que se tratan de consumos realistas, que los picos de consumo se han justificado debidamente en sendos informes, y que el concepto de los costes o gastos fijos repercutidos son acordes con el reparto previsto en el convenio firmado, dando por tanto su conformidad para que las mismas sean abonadas, previa reclamación por parte de la Fundación".
En defensa de lo que fue una decisión muy positiva de nuestro equipo de gobierno, y casi obligada para evitar la situación de hacinamiento que sufrían los funcionarios municipales y poder ofrecer unas instalaciones adecuadas para atender a la ciudadanía en condiciones dignas, quiero aclarar lo siguiente:
El acuerdo fue tomado en un Pleno celebrado el 30 de julio de 2021. En el expediente que se tramitó para tomar el acuerdo de firmar el convenio con la Fundación CIUDEN constan los siguientes documentos:
- Informes de los jefes de los servicios de Medio Ambiente, Recaudación y Servicios Sociales, denunciando las malas condiciones de los locales en los que se prestaban los servicios e informando de la idoneidad de que se realizara el traslado a la CIUDEN.
- Tres informes favorables: uno del departamento jurídico, otro del área técnica (en el que se detallan las superficies que se van a ocupar, su estado y los gastos que generaría ese traslado) y, por último, el económico de la Interventora Municipal.
En la documentación se acredita la intención de trasladar a esas oficinas a un total de 66 funcionarios. El traslado se hizo paulatinamente. Por razones que se nos escapan, el actual equipo de gobierno decidió no consumar el traslado del área de Acción Social y sigue abonando un alquiler por el local que ocupan en la calle Esteban de la Puente.
Ese alquiler ascendía a 14.520 euros al año en 2021, a lo que había que sumar un gasto de 3.500 euros en energía eléctrica y uno de 13.572,18 euros por la limpieza, desconociendo el importe actualizado de esos costes.
Esa es la realidad de un traslado que era ineludible para evitar el hacinamiento de los trabajadores municipales, así como para garantizar un servicio a la ciudadanía en unas instalaciones dignas.
Queda claro, con todo lo expuesto, que la performance que llevó a cabo el sr. Morala y la sra. Coca no era más que tratar de poner excusas de mal pagador, de desviar la atención sobre la calamitosa situación económica a la que han llevado a nuestro Ayuntamiento y que los ha convertido en unos inquilinos morosos que no pagan ni siquiera la luz de los inmuebles que están ocupando.
Por cierto, los costes reales que ha de asumir el Ayuntamiento por la ocupación de esas oficinas son muy inferiores a los que preveía el propio informe de los servicios técnicos municipales y, ni siquiera así, han sido capaces de abonar lo que deben.
La realidad es que el Ayuntamiento no paga a sus proveedores, no paga servicios extraordinarios que debe a sus funcionarios, no paga ni la luz. Están en situación de insolvencia.
Olegario Ramón Fernández es portavoz del Grupo Municipal Socialista