Se habla mucho y se opina más de las dichosas «paguitas», que no son otra cosa que ayudas a la subsistencia de las personas para evitar la exclusión social y el aumento de la exposición de las personas a la pobreza en una sociedad democrática del siglo XXI.
Dentro de esta lamentable y errónea determinación que tanto sirve a unos y otros para fomentar la violencia, el odio, el rechazo y los ataques al otro o al diferente, se encuentran muchos de los programas de protección e inserción social (Ingreso Mínimo Vital-IMV, prestación para necesidades básicas, subsidios de emergencia, servicios de apoyo socio laboral, etc.) y una de ellas es la conocida como Renta Mínima de Inserción (RMI).
Nuestra Comunidad Autónoma le ha dado el nombre singular de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), negociada y acordada por el Dialogo Social, como ayuda económica para proporcionar medios y apoyos necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia. Repito, atención a necesidades básicas de subsistencia.
Con una de las cuantías más bajas de todo el país, 480 euros, que no ha aumentado nada en los últimos dos años sino todo lo contrario, pues se ha reducido considerablemente el gasto anual a un tercio. Actualmente la perciben 4.854 personas, el 62,63 % son mujeres. Ya me gustaría a mí ver como todas esas personas que hablan de «paguita» viven con esos 480 € al mes.
Pero continuemos con la tarea de destruir falacias y bulos. Otro muy extendido es el de «la inmigración viene a robar esas ayudas». El informe publicado sobre las Rentas Mínimas de Inserción en España para el año 2024, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, lo deja claro, hay siete comunidades autónomas con más del 80 % de titulares de nacionalidad española que lo perciben y en el caso de Castilla y León es la que más con un 90,08 %.
Y, por último, para las personas que defienden su argumento asegurando que «van acumulando ayudas de uno u otro sitio», en esta Comunidad Autónoma las ayudas al Ingreso Mínimo Vital (IMV), sólo las perciben conjuntamente con la RGC 512 personas (0,75 %).
Por tanto, menos bulos y más Diálogo Social que nos permita corregir las grandes desigualdades que genera el coste de la vida, donde las personas en situación de pobreza relativa ascienden al 24 % (en torno a 574.000 personas) y de pobreza severa al 14,1 %. Se deben elevar las cuantías de prestaciones creadas para proteger a personas en situación o riesgo de exclusión, ya que si comparamos la RGC con el Salario Mínimo Interprofesional que se sitúa en 2024 en 1.134 € la cuantía básica de Castilla y León representa el 68 % (la quinta Comunidad con el porcentaje más bajo) y, desde luego, esta circunstancia no favorece poder hacer frente a lo más básico, como es la higiene, la vivienda o la alimentación. Todo ello sin contar con la pobreza infantil (con más de 2,7 millones de niños y niñas en España), frente a la que sin duda hay que actuar de manera urgente y contundente con políticas concretas y especificas para revertirla y para asegurar una sociedad mínimamente digna y ética.
Elena Blasco Martin es Secretaria General de CCOO León