Una reforma pendiente que frenaría la asoladora despoblación de nuestro territorio sería la del mercado energético, para que los precios se ajusten a los costes reales, más los márgenes comerciales lógicos. Los precios energéticos en España están entre los más altos del mundo desarrollado. No hay que esconder un problema estructural que se debe corregir de manera inmediata: el sistema eléctrico español tiene unas pérdidas por transporte en torno al 28%. Eso, que es un disparate, sucede porque el kilovatio cuesta igual en cualquier lugar de la Península, lo que permite que las empresas se fijen lejos de los lugares donde se produce la energía. En otras palabras, las zonas productoras de energía están subvencionando el kilovatio que se consume en las zonas industriales. Lo que dicta el sentido común es que la energía cueste menos donde menos costes tiene, es decir, donde se produce. Item más, los lugares con gran producción de energía hidroeléctrica deberían beneficiarse de tarifas más bajas, puesto que se trata de la más barata. Dicho en román paladino, León está subvencionando la energía que se consume en Madrid, Bilbao o Barcelona. Si se quiere reducir los costes a la industria hay que condicionar los precios a su proximidad a los centros de producción.
Aunque son muchas las reformas pendientes, hoy solo citaremos una más: la ley electoral. León ha vivido uno de los periodos más bochornosos de su historia reciente, con detenciones por corrupción, numerosos implicados con raíces en esta tierra en casos levantados por la fiscalía y la policía, incluso el asesinato, en lo que parece un ajuste de cuentas, de una autoridad provincial. Es evidente que hace falta una reforma institucional profunda con elección directa de nuestros representantes. En ella ha de suprimirse la duplicidad de Delegación de la Junta y Diputación, a nuestro criterio, integrando la primera en la segunda. Se necesita una Diputación donde los políticos desempeñen solamente cargos de consejo, de fijación de objetivos y presupuestos. La capacidad ejecutiva debe estar exclusivamente en manos de funcionarios, de los que los políticos hablan actual y ‘oficialmente’ muy bien, pero a los que luego ningunean en la toma de decisiones y ejecución de los planes. Este mismo criterio debería aplicarse en los ayuntamientos, pasando éstos a ser cámaras municipales donde los concejos sean escuchados. Y no son éstas, como decimos, las únicas necesidades de reforma, pero nos parecen las más necesarias y urgentes para resolver los profundos problemas que agitan a nuestra tierra.
Proyecto León son Javier Callado, María del Carmen Fernández, Maite Fernández, Roberto Fernández y Anselmo Reguera.
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