Con tanta sorpresa como desazón contemplamos, una vez más, cómo la siempre diligente Junta de Castilla y León aprovecha cualquier resquicio presupuestario, incluso sin presupuestos aprobados, para ejercer su afición favorita: minimizar, incluso diluir todo aquello que permita a León alzar la cabeza con legítimo orgullo histórico. Que León albergara en 1188 las primeras Cortes con representación ciudadana reconocidas por la Unesco como cuna del parlamentarismo parece seguir provocando en ciertos despachos castellanos una urticaria institucional de difícil tratamiento. Si ya resulta incómodo para el aparato autonómico reconocer con entusiasmo ese hecho histórico –cuando León aún era reino y no apéndice administrativo de ninguna ficción recentralizadora–, ahora asistimos a un episodio aún más revelador: el destino de 30.000 euros públicos (y una partida de 200.000 € para un centro de interpretación) para teatralizar en San Esteban de Gormaz unas cortes que pomposamente se auto encumbran como «primeras Cortes democráticas», celebradas en 1187 bajo Alfonso VIII.
No deja de ser tan conmovedor como vano el esfuerzo: Cuando la Historia no concede primacías, siempre queda la dramatización subvencionada.
Tal intento no puede sino calificarse de grosero, burdo y falso porque no resiste el más mínimo análisis serio, histórico ni jurídico; lo cual debería haber sido suficiente para que la cabeza visible del engendro autonómico hubiere denegado todo apoyo financiero, institucional o de cualquier tipo, máxime cuando en León se deniegan fondos mucho más modestos para celebraciones más acordes con la Historia que pretenden divulgar lo que para todos los españoles, no solo los leoneses, debería ser motivo de orgullo.
No es lo mismo reunir una curia para autorizar un matrimonio regio, donde los representantes de las ciudades ni hablan, ni votan, que convocar unas cortes donde ciudadanos elegidos participan activamente en la elaboración y aprobación de normas vinculantes para todo un reino, incluyendo al propio monarca.
Como digo, ambas reuniones no tienen nada que ver pues mientras unas, las leonesas, se constituyeron para aprobar unas normas que vincularan a todos, pueblo y poderes públicos (en aquella época rey y clero, además de nobles), otras, las castellanas, se reunieron para autorizar un matrimonio. La clave del cónclave leonés está en que ahí se reunieron «cum civis electibus», es decir, con ciudadanos elegidos; y que estos no estaban allí como comparsa ornamental, sino que participaron, intervinieron y votaron los decretos (decreta, en latín): un cuerpo normativo que limitaba el poder real, sometía a reglas comunes al clero, nobles y Corona, y consagraba un principio revolucionario para su tiempo: incluso el soberano debía sujetarse a la ley. En la documentación existente de esa curia soriana nada se dice más allá de que asistieran representantes de las ciudades, nada se dice de que participaran con la palabra, ni mucho menos con el voto. Lo de Gormaz no produjo ningún elemento normativo, no significó nada legislativamente; y el rey castellano que la presidió, Alfonso VIII, al igual que los que le sucedieron, continuaron celebrando cortes sin que los ciudadanos tuvieran nada que decir, los reyes castellanos siguieron reinando sin limitación. Insisto en que la clave está en la participación activa de esos ‘cives electibus’ leoneses; que asistieron ciudadanos elegidos y que, entre todos, aprobaron un texto legislativo vinculante para todos. No hay precedentes en la Historia de nada parecido. Por eso en León, en 1188, nació algo mucho más trascendente que una ceremonia: nació el precedente del constitucionalismo. No es lo mismo una boda que una Constitución.
Pero es que, eso que se ha dado en llamar la cuna del parlamentarismo, no es una flor de un día, esas Cortes de 1188 no brotaron de la nada, sino que son consecuencia o continuación de otro hito legislativo leonés previo, como fue el Fuero de 1017, promulgado por Alfonso V; el cual sirvió de base para otros muchos fueros posteriormente. Y este fuero de 1017 tampoco surgió por generación espontánea, sino que hunde sus raíces en los concejos abiertos leoneses, de amplia tradición incluso prerromana. Probablemente, la mayor singularidad leonesa, arrastrada desde tiempos inmemoriales, sea el concejo. El parlamentarismo es una consecuencia o adaptación del concejo. Y el concejo sí que es una manifestación democrática sin igual que bebe de una tradición ancestral como son aquellas prácticas comunitarias prerromanas, que ya escandalizaron a los autores romanos que no entendían cómo en los pueblos asentados en estos lares se podían tomar las decisiones en reuniones en las que participaba toda la tribu, incluidas las mujeres, a las que les dejaban votar. Algo inconcebible para aquellos tiempos.
Mientras otros buscan desesperadamente antecedentes en archivos ambiguos, León posee una línea evolutiva coherente entre concejos, fueros y parlamentarismo.
Quizá ahí resida lo más irritante para ciertos sectores castellanizantes: que no se trata de un accidente aislado, sino de una tradición política propia, que a toda costa quieren ocultar, diluir e incluso negar.
Por eso, para encontrar antecedentes democráticos más antiguos que los leoneses, en Castilla van a tener que seguir buscando un poco más. Y para eso van a hacer falta más de 30.000 €. Por cierto, vistas las prioridades institucionales, uno no puede evitar preguntarse si la Junta no habrá simplemente actualizado con el IPC el mercado de la traición, y le habrá otorgado un valor de 1.000 € a cada una de las treinta monedas de plata con las que Judas traicionó a su amigo.
Si León ha de preservar su memoria, su singularidad y su legado frente a quienes sistemáticamente lo minimizan, lo tergiversan o lo sacrifican en el altar de una identidad artificial, quizá haya llegado el momento de comprender que no puede seguir confiando su futuro político a una estructura concebida, demasiadas veces, para diluir su pasado.
Bernardo L. García Angulo es abogado