Nuestra sociedad vive un proceso de crispación creciente, atizado a veces por la radicalidad de determinados personajes que desde puestos clave de la sociedad actúan movidos más por intereses personales que por la rectitud profesional exigible en una actividad pública.
Y esa ola de radicalidad no es solo hispana sino que está inserta en un peligroso panorama global. A veces, cuando se repasa la actualidad del mundo, uno puede tener la impresión de hallarse en medio de un sueño de pesadilla; un sueño en el que aparecen personajes variados, conflicticos, alguno de ellos con destellos de clown, rigiendo los destinos del orbe.
Ahora mismo destaca en el panorama global el ciclón Trump. Este empezó su segundo mandato exhibiendo la intención de controlar Groenlandia y Canadá, continuó facilitando la concesión a Rusia de parte de Ucrania y reclamando a esta sus tierras raras, abogando por desmontar la Unión Europea, interviniendo militarmente en el Caribe con actuaciones cruentas bajo la premisa del presunto combate contra el narcotráfico… y, finalmente, autoproclamándose merecedor del Nobel de la Paz.
Por desdicha, abundan en nuestros días personajes que actúan creando un inquietante paisaje. Ahí están los Putin, Maduro, Bolsonaro y otros varios, entre ellos –otro muy destacado también– Netanyahu, cuya gestión ha quedado definida con la intervención en Gaza.
En nuestro país tampoco andamos libres. Basta abrir el diario para comprobarlo. Aunque uno de los temas más preocupantes estos días ha sido el referido al enjuiciamiento del último Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Juicio y condena: multa y dos años de inhabilitación para el cargo. Con este juicio al Fiscal no sólo se ha profundizado la brecha existente en la propia sociedad española, sino que se cuestiona la posible idoneidad de los jueces del Tribunal, mostrando la necesidad de que se revise el propio sistema de equilibrio de poderes.
Recordemos una síntesis de los últimos acontecimientos: El 16 de octubre de 2024 el Tribunal Supremo abrió procedimiento contra el Fiscal General por un supuesto delito de revelación de secretos en relación con el compañero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; episodio que sirvió para que inmediatamente los medios más conservadores del panorama mediático de España, junto con determinadas organizaciones del ámbito jurídico y partidos conservadores pidieran a voz en grito la dimisión del Fiscal General.
El caso surgió después de que desde la Fiscalía se emitiera una nota que rechazaba el bulo divulgado por una persona del equipo de Isabel Díaz Ayuso, relativa al caso del presunto fraude fiscal relacionado con las actividades de su compañero Alberto González Amador, supuesto en el que se implicó a la propia fiscalía. En el juicio nunca se hallaron pruebas reales de la acusación. Aún así, el 20 de noviembre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo le declaró culpable y le impuso una multa e inhabilitación de dos años para ejercer cargo público.
La condena dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sin el apoyo de todos los integrantes del tribunal, no sólo ha sido rechazada por dos de los representantes de este, sino por la generalidad de expertos en materia jurídica, por graves defectos, el primero de los cuales es que únicamente se apoya en conjeturas, con lo que se vulneraría el principio jurídico de la presunción de inocencia.
Para quienes hemos seguido la marcha del juicio a través de la televisión no sólo nos ha llamado la atención la ausencia de pruebas sino también el desdén a las declaraciones de los periodistas que declararon en el mismo, quienes no sólo afirmaron que la «filtración» no había partido de la fiscalía general, sino que en algún caso se indicó otro posible origen de la misma.
Como amante de la Historia, al seguir la marcha de este juicio no pude sino recodar el otrora famoso Caso Dreyfus, conocido así por el apellido del capitán francés, Alfred Dreyfus, acusado, en 1894, de haber pasado a los alemanes determinados documentos secretos. En aquella época los estamentos más conservadores de Francia se posicionaron contra Dreyfus y –aún sin pruebas– este fue condenado a prisión perpetua a cumplir en un penal del otro lado del Atlántico, en la Guayana Francesa.
En medio de un ambiente hostil contra Dreyfus, en el que se unió al sentimiento nacionalista francés, el antisemitismo y el militarismo, la familia del militar condenado halló la colaboración de algunas personalidades que permitieron demostrar que el culpable de la «fuga» de documentos era del mayor Ferdinand Walsin Esterhazi. Curiosamente, para «salvar» a este, el Estado Mayor francés le cambió de ocupación y destino, enviándole a un puesto en el norte de África.
Pese a las averiguaciones y gestiones de los defensores de Dreyfus, la derecha reaccionaria y antisemita con su poderosa prensa creó tal presión popular que en 1898 Esterhazy, el autentico traidor, fue absuelto de la acusación, en medio de la euforia de gran parte de la sociedad conservadora francesa.
El escándalo judicial fue el motivo por el que el escritor Émile Zola escribió un artículo ‘J’accuse (Yo acuso)’ acusando al ministro de la Guerra y el jefe del Estado Mayor del Ejército por tal desafuero. Zola, conocidísimo escritor y periodista galo, fue juzgado y condenado al exilio.
Retornando a España y a nuestros días, cabe anotar no sólo la gravedad de condenar por indicios, sin pruebas reales, sino también el creciente desprestigio de la Justicia. Es necesario defender a la Justicia. Si. Pero eso no debe impedir criticar a los jueces que sentencian y actúan de forma torticera. Y resulta absolutamente comprensible que crezca en la sociedad una sensación que en el ámbito de la Justicia existe una oligarquía que no actúa conforme a la legalidad ni a la propia constitución.
Por si fuera poco, desde el propio ámbito de la Derecha se ha subrayado esa duda sobre los ámbitos de la Justicia. Algunos medios recordaron estos días las palabras de Ignacio Coisidó, Portavoz del PP en el Senado, quien, cuando se acordó la renovación del Consejo del Poder Judicial, transmitió a los compañeros de Watsapp del PP en el Senado: «Ha sido una jugada estupenda… Controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo».
Un mensaje tranquilizante para unos, pero intranquilizante para la generalidad de los demócratas y denigrante también para la propia Justicia.
… Y con todo esto, no defiendo a ningún Dreyfus, sino simplemente apunto a un problema profundo existente en esta amada España.