Las diputaciones simbolizan la pertenencia provincial de los ciudadanos a los que gobiernan, y su papel es insustituible, sobre todo en una autonomía tan amplia y diversa como la de Castilla y León con 94.223 km, que es más grande que los Países Bajos juntos (Bélgica, 30.528km, Holanda y 41.543 Luxemburgo 2.586 km cuadrados).
La desaparición de las diputaciones provinciales, no sólo nos conduciría a un desmantelamiento administrativo de las poblaciones de menos de 20.000 mil habitantes, que aunque podrían prestarse desde la Junta o desde otros centros de poder (seguramente con menor eficacia y además en contra del principio europeo de que el servicio lo ejecute el organismo más cercano al ciudadano) sino que su desaparición supondría de facto ‘la supresión de las provincias’.
Los leoneses no nos sentiríamos ya leoneses ni los burgaleses de Burgos, etc. Seríamos todos un apéndice de un ente llamado Castilla y León, cuyo nexo es el Bocyl y para de contar. Pero eso sí, cuando hablamos diputaciones forales como las de Navarra, sí hay que respetarlas porque claro, recauda los tributos provinciales y tiene su historia y sus fueros.
Nuestra Diputación es tan importante o más, porque es la garante de nuestra identidad leonesa, nuestra cultura bimilenaria, nuestras tradiciones, y sobre todo porque nos sentimos leoneses, y si hay que respetar los sentimientos de los vascos, catalanes y gallegos, también los nuestros son dignos de respeto ya que el Reino de León tuvo tanta importancia en la formación del reino de España, como demuestra su presencia en el escudo nacional, por lo tanto tenemos derecho a no desaparecer como provincia.
No es tanto un problema administrativo, que lo es porque la orografía de nuestra provincia es muy especial, sino un problema de identidad y de sentimientos.
Si fue la creación de las autonomías la que ha duplicado los órganos administrativos, son estas las que se deben reformar y adecuar conteniendo el gasto y suprimiendo las múltiples empresas adheridas que han hecho casi imposible controlar el presupuesto año tras año, elevando su déficit hasta límites insospechados como está ocurriendo con la Generalitat de Cataluña que ha tenido que pedir auxilio al Gobierno de España, un país del que los actuales gestores reniegan y quieren separarse.
Que se castigue a las administraciones que no controlan el gasto y duplican competencias, pero las diputaciones provinciales que están saneadas y cumplen perfectamente su función con los municipios pequeños y llegan a donde otros no pueden llegar, es como matar moscas a cañonazos.
El déficit en España surge de los fastos incontrolados de los gobiernos autonómicos Y me extraña que los analistas políticos que aconsejan al señor Rivera no detecten este desfase y crean que el mayor problema de este país sean las diputaciones, solamente se me ocurre que su bisoñez en estos lances políticos les hagan pensar eso, cuando bajen de verdad a la arena política –que es la gestión– comprobarán que están en un inmenso error de base.
Si arranca la legislatura quizá acabe siendo la legislatura que quite un poco el polvo y actualice la Constitución tras haber servido al periodo más próspero y pacífico de la historia de España.
Lo más leído