Asistimos en lo que va de siglo, entre el asombro y la zozobra, a procesos de mercantilización perniciosos para la igualdad de oportunidades, para la cohesión social y para el desarrollo de derechos humanos como la educación, la sanidad, las pensiones, etc. Conviene, en vísperas de la huelga convocada por CCOO y UGT en el sector de la enseñanza en Castilla y León para el próximo día 4 de noviembre y en medio de movilizaciones generalizadas en el sector, así en España como en otros países europeos, compartir algunas reflexiones al respecto centradas en esa esfera educativa.
Según el INE (2025), los gastos familiares han aumentado en sólo doce años de los 13.217 millones de euros a los 18.628.310 millones de euros cada curso. Los gastos han aumentado especialmente en las clases particulares, academias, comedores, extraescolares, libros y materiales escolares y actividades educativas de todo tipo, con gran variabilidad entre comunidades autónomas. A esto le debemos añadir el aumento de los préstamos para poder estudiar en la universidad. Todo ello provoca un cóctel donde se instala la desigualdad de oportunidades, al depender de los recursos económicos, del lugar de residencia o del capital social-relacional para lograr oportunidades y biografías escolares exitosas.
Curiosamente, la construcción del llamado estado de bienestar en el siglo pasado es inseparable del proceso de desmercantilización de amplios sectores de la economía, especialmente los educativos y sanitarios, que junto a otros salieron de la lógica clásica del beneficio capitalista con un éxito notable. En el caso educativo elevó el nivel general de formación y de estudios, a la par que se logró erradicar el analfabetismo. En España en 1900 el 64 % de la población era analfabeta y en 1999 el analfabetismo estaba prácticamente erradicado. Es decir, como se ve con este ejemplo, los sistemas educativos tienen que basarse en las necesidades y no en los beneficios económicos o en la rentabilidad de los mismos.
Por ello, ceder nuestra soberanía en materia educativa a las empresas privadas y a la Iglesia Católica significa dejar uno de los sectores clave de la socialización democrática y la construcción de la ciudadanía en manos de empresas o instituciones religiosas con una agenda propia y unas lógicas que chocan con los principios democráticos y no representan a una gran parte de la sociedad. Hay que señalar que las escuelas religiosas y las empresas defienden que el ascenso social esté vinculado, principalmente, con algunas excepciones, al capital económico familiar. La tendencia actual a consolidar una triple red entre centros privados-concertados, privados y públicos va dirigida a que el sector público arrastre problemas de financiación y acabe siendo de peor calidad, a pesar de que las personas usuarias, las más débiles, sean las que más necesidades tienen y las que más necesitan un sistema educativo público robusto, que pueda ejercer con todas las garantías el papel primordial de compensador de desigualdades socioeconómicas en el acceso al conocimiento.
La insatisfacción en la comunidad educativa es evidente y ello ha acabado por provocar el estallido de numerosas huelgas masivas en varias comunidades autónomas, como sucederá en la nuestra en los próximos días. Los y las docentes no sólo luchan por mejoras salariales o por condiciones laborales, sino por dignificar la enseñanza pública, dotarla de recursos adecuados para poder afrontar el reto de la diversidad y por un reforzamiento del sistema educativo público contrario a todo mercantilismo.
El panorama educativo no es nuevo, llevamos años arrastrando esta deriva destructiva de un sistema educativo erróneo en donde se han detectado urgencias y necesidades con problemas estructurales de falta de recursos, malas condiciones laborales, excesivos ratios… que provocan desinterés en la profesión y un fenómeno segregador de la educación privada y concertada. El resultado, el trasvase del ‘buen alumnado’ de centros públicos a los privados a pesar de tener mejor calificación educativa los centros públicos, provocando la consiguiente asfixia y condena de la educación publica.
Toda reivindicación en este sentido del ámbito educativo es legítima, como la del resto de sectores que a día de hoy se sitúan en el escenario de huelgas en nuestra provincia (sector de conservas, las anunciadas en trasportes de viajeros o en cárnicas). Escenarios de confrontación previos a la convocatoria de huelga general para el próximo día 11 de noviembre, y sin duda todo ellos necesarios para garantizar que los servicios públicos respondan a la necesidad ciudadana, para obligar a las administraciones competentes a trazar políticas de bien común y para conseguir desbloquear la negociación colectiva a nivel sectorial y con ello conquistar derechos laborales.
Elena Blasco Martín es Secretaria General de CCOO León
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