El pasado día 30 de octubre se llevaron a cabo concentraciones en toda España, también en León, bajo el lema ‘Servicios públicos de calidad. Mejor salario, más empleo’. A simple vista, podría pensarse que se trataba de una movilización laboral más, pero si nos detenemos a pensar en ello y sin menospreciar cualquier otra reivindicación en ese sentido, concluiremos que no es así. Las condiciones de trabajo de las personas que desempeñan un empleo público, lo mismo que su adecuada financiación, repercuten de inmediato sobre la atención que recibe la ciudadanía en general. De ahí que convenga reflexionar algo más al respecto.
Ha habido muestras recientes, las continúa habiendo diariamente, de lo que significa el maltrato a lo público. Basta con pensar en el despliegue insuficiente frente a los graves incendios del pasado verano u observar el desastre y los lamentables y terribles efectos de los cribados del cáncer en la sanidad andaluza. Son ejemplos evidentes que no requieren mayor explicación. Pero quizá sí hay otros que necesitan desmenuzarse más para entender el alcance de una buena o mala gestión de lo público, la potenciación nociva de lo privado o la trampa de la gestión público-privada. Señalaremos algunos ejemplos, sin ser exhaustivas, acerca de dos de los mayores gastos que tienen que soportar hogares y familias.
1. Financiar desde los presupuestos un mismo tratamiento médico es hasta 6 veces mayor en la sanidad concertada que en la pública. Por ejemplo, actuar sobre una hernia cuesta menos de 700 euros en la pública y casi 3.400 en la concertada.
2. La ausencia o reducción de oferta pública en determinadas especialidades médicas o educativas, al tiempo que se impulsa la oferta privada en dichas especialidades, supone la exclusión de parte de la población en el acceso a dichos servicios. Sencillamente porque no pueden pagarlos.
3. La escasez de oferta pública en formación profesional o en másteres universitarios obliga a las familias a pagar más de su bolsillo o a endeudarse para acceder a la educación superior a través de ofertas privadas. De hecho, el gasto nominal por hogar afectado en FP superior se ha duplicado entre 2016 y 2023, pasando de 1.069 a 2.085 euros. Igualmente, la privatización de los másteres incrementa el coste para cada hogar afectado en casi 1.600 euros.
Son algunos indicadores, hay muchos más, que nos muestran las consecuencias del desequilibrio entre lo público y lo privado en favor de esta última vía. Genera mayor coste público en proveer servicios, provoca deterioro de la calidad de los propios servicios públicos, produce exclusión de parte de la población para acceder a esos servicios y da lugar a mayor coste para ciudadanos y ciudadanas. No son asuntos menores.
Llevamos demasiado tiempo soportando el bombardeo constante con falsedades sobre lo público: «es deficiente», «es un despilfarro», «es ineficaz y llega tarde». Pero solo los servicios públicos bien provistos (humana y económicamente) y dimensionados salvan vidas, aseguran la calidad de vida y el bienestar social de manera accesible, universal, y gratuita.
En una provincia como la nuestra, donde más del 30 % de la renta de los hogares deriva de los y las pensionistas (sobre todo personas jubiladas), el índice más alto del país, y con una población envejecida y demandante de servicios de dependencia y atención, no solo tenemos escasez de servicios públicos sino que además se alimenta la privatización como una ‘dadiva’ económica a las familias, para que sea la propia ciudadanía la que entre en la trampa de contratar con lo privado dichos servicios.
De ahí el significado especial de la movilización arriba citada. No se trataba solo de condiciones de trabajo, que también, sino de expresar una vez más el compromiso con lo público, con lo común, con lo que es de todos y todas.
Elena Blasco Martín es secretaria general de CCOO León