No hace mucho que escribí una tribuna sobre el miedo que padecemos las mujeres. Un miedo estructural que no figura en manual alguno, pero que nos acompaña desde la infancia: la posibilidad latente, en cualquier momento y lugar, de ser víctimas de violencia por el mero hecho de ser mujeres.
No se trata de paranoia ni de exageración. Este temor es la consecuencia directa de una larga historia de violencia sistémica, de dominio tanto real como simbólico, de impunidad y negación por parte de la sociedad. Es la expresión cotidiana de una cultura que, pese a ampararse en un marco jurídico de igualdad formal, sigue estructurada en torno a una jerarquía de género profundamente arraigada. En ella, los hombres ocupan de manera sistemática posiciones de privilegio y poder, mientras que las mujeres se ven obligadas a ascender con un esfuerzo constante, sorteando barreras y resistencias, para alcanzar espacios de respeto que aún les son vetados en la práctica. Algunas lo logran. La mayoría, no.
Reconozco que algunos avances han sido posibles gracias al marco normativo, a las cuotas tan denostadas y criticadas por algunos sectores–¡qué sería de nosotras si no existieran cuotas!-, pero absolutamente necesarias para garantizar una mínima equidad entre personas. También a la toma de conciencia de parte de la ciudadanía. Sin embargo, al mismo tiempo, resulta alarmante el auge de ciertos discursos entre los sectores más jóvenes. Discursos que edifican la masculinidad sobre la imagen de una mujer vulnerable, necesitada de protección, sumisa, prudente, dependiente, virgen y dispuesta a tolerar al macho dominante. Estamos regresando a esquemas que creíamos superados, donde la mujer se cosifica y se reduce a un objeto con dueño disponible para el placer masculino. Es un camino peligroso para las futuras generaciones femeninas si estos relatos continúan calando en la sociedad.
En España, cada día se interponen más de 500 denuncias por violencia de género. En 2024, se registraron un total de 199.094 denuncias, lo que supone una media de 544 diarias, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Ese mismo año, 48 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Desde 2003, las víctimas mortales ascienden ya a 1.310, una cifra que probablemente haya aumentado al momento de publicarse este artículo.
Pensemos en las vidas de esas cientos de miles de mujeres que no llegan a los titulares: las que sufren maltrato físico o psicológico, humillaciones, esclavitud, deshumanización. Nos detenemos en las asesinadas porque son la expresión más brutal de esta violencia, porque su muerte es noticia –aunque, cada vez más, una noticia breve y rutinaria–. Sin embargo, tras esa punta del iceberg se ocultan miles de mujeres silenciadas.
Hay quienes pretenden invisibilizar incluso a las mujeres asesinadas. En Castilla y León, los minutos de silencio institucionales solo se convocaban cuando el crimen tenía lugar dentro del territorio autonómico. Las víctimas de otras comunidades no merecían, según ese protocolo, ese gesto simbólico de respeto. Una muestra clara de la importancia que algunos responsables políticos conceden a estos asesinatos: ninguna.
El minuto de silencio fue concebido como una muestra de repulsa, de duelo público, y como una forma de movilización colectiva frente a una lacra que afecta orgánicamente a la sociedad e imposibilita una vida digna para buena parte de ella: las mujeres.
Con la llegada de un nuevo subdelegado del Gobierno, se inició por fin la convocatoria de minutos de silencio por cada asesinato machista, sin importar el lugar donde hubiera ocurrido. Como siempre debió ser. A mi entender, toda víctima debe ser visibilizada, con independencia de su lugar de residencia. Solo así tomamos conciencia de la magnitud de la tragedia que representa esta violencia patriarcal y sistémica.
Este cambio ha tenido una consecuencia inesperada: la reiteración de estas convocatorias, que han pasado a formar parte del calendario institucional con una frecuencia dolorosamente alta. Ayer una, mañana otra, en unos días una más. Lo que debería generar alarma social se ha convertido, para algunos, en un acto rutinario, al que acuden principalmente cargos públicos.
Y algunos empiezan a percibir estos actos como una molestia añadida a su agenda. En lugar de reflexionar sobre la magnitud del problema –sobre cuántas mujeres han sido asesinadas sin necesidad, sobre la violencia estructural que nos atraviesa–, optan por quejarse de la frecuencia de estos actos. He escuchado propuestas tan frías como la de que “habría que convocar un minuto de silencio al mes por todas las asesinadas” en dicho período.
Este tipo de comentarios cuesta creerlos, pero existen. Ciertamente, los minutos de silencio no devuelven la vida a las víctimas, pero cumplen una función esencial: visibilizan públicamente su asesinato como una tragedia social. En la mayoría de los casos, quien ha quitado la vida a esa mujer es un hombre con el que convivía, al que amaba o del que intentaba escapar. No hay adjetivos suficientes para describir tal horror.
Cuando alguien dice que el feminismo ha llegado demasiado lejos, que ya hay igualdad o que las leyes nos protegen, pienso en estas situaciones. Hemos avanzado, sí, pero no tanto como algunos creen. Mucho menos de lo necesario.
La banalización de la violencia de género es una de las formas más perversas que adopta el patriarcado en nuestros días. Ocurre cada vez que un asesinato machista es tratado como un suceso más en la sección de noticias; cuando se utilizan eufemismos como “violencia doméstica” que ocultan el carácter estructural y político del problema y que está en el programa electoral de los partidos de ultraderecha. Ocurre también cuando el minuto de silencio se convierte en un trámite desprovisto de carga simbólica, repetido por inercia institucional.
No podemos permitir que un acto que nació como gesto solemne y necesario de duelo público se convierta en un mero trámite sin profundidad ni memoria. No puede convocarse simplemente “porque toca”, ni se debe asistir con esa misma idea. Debe hacerse con el convencimiento de que no podemos permitir ni una víctima más. No podemos permitir que la víctima desaparezca tras el protocolo, porque en ese momento la sociedad en lugar de estremecerse, se anestesia.
La banalización de la violencia de género también se evidencia en el tratamiento judicial de la misma. En 2024, el 31% de las mujeres asesinadas había presentado denuncia previa contra su agresor, el dato más alto desde que existen registros. A pesar de ello, muchas de ellas no contaban con protección efectiva. Las instituciones a veces fallan y lo hacen con consecuencias irreparables.
La violencia de género no es un problema de las mujeres. Es un problema social, estructural y político que nos interpela a todas y todos. Cada minuto de silencio debe ser un compromiso activo y renovado para construir un país en el que ninguna mujer tenga miedo de vivir. No permitamos que los minutos de silencio se conviertan en años de ruido que no cambien nada.